Grave caso de bullying: una niña de 11 años fue internada por autolesiones

Un caso extremo de violencia escolar ocurrido en Villa La Angostura encendió las alarmas en el ámbito educativo y judicial: una niña de 11 años fue internada tras presentar conductas autolesivas severas e ideación suicida, en un contexto de hostigamiento reiterado por parte de compañeros.

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La situación derivó en la intervención de la Justicia de Familia. La jueza de la IV Circunscripción, Eliana Fortbetil, dispuso la adopción de medidas urgentes y solicitó la intervención del Ministerio de Educación para garantizar condiciones de resguardo dentro del ámbito escolar.

En su resolución, la magistrada puso el foco en el origen del conflicto, vinculado a “las agresiones verbales reiteradas sufridas por parte de pares y centradas en su apariencia física”, lo que fue deteriorando progresivamente el estado emocional de la menor.

El cuadro clínico fue confirmado por los profesionales que intervinieron durante la internación, quienes señalaron que la paciente presenta “angustia significativa, retraimiento, desgano y afectación emocional persistente”. Según se indicó, la hospitalización resultó indispensable ante un riesgo concreto para su integridad.

Además, Fortbetil requirió la intervención del sistema de salud para que un especialista en psiquiatría infantojuvenil realice una evaluación integral.

El fallo también expone cuestionamientos al accionar del establecimiento educativo, al considerar que existió una “insuficiente intervención del ámbito educativo frente a una situación de violencia escolar, agravando el cuadro y contribuyendo a la cronificación del malestar”, según publicó el sitio Diario Andino.

En este contexto, la jueza ordenó a la institución que informe de manera detallada las acciones implementadas y las previstas, y que responda sin demoras al pedido de cambio de turno solicitado por la alumna, el cual no había recibido respuesta.

Como parte de las medidas, se dispuso la elaboración de un plan institucional específico para abordar la conflictividad, que incluya la aplicación de prácticas restaurativas. Estas deberán apuntar a “visibilizar el daño causado, promover la responsabilización activa, generar instancias de reparación simbólica y/o concreta, reconstruir el clima de convivencia escolar”.

Otro de los puntos señalados en la resolución es la preocupación por la “naturalización de las conductas autolesivas” en un “contexto que no sólo no previene, sino que podría estar favoreciendo dinámicas de riesgo entre pares”. En esa línea, la jueza advirtió que “los indicadores relevados configuran un cuadro de extrema vulnerabilidad que exige una intervención urgente, integral y coordinada”.

Por último, recordó que el derecho a la salud mental, a la vida y al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes está protegido por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061, y subrayó la responsabilidad del sistema educativo en la detección y abordaje temprano de estas problemáticas.

“La situación informada pone en evidencia una falla en los mecanismos de detección temprana e intervención institucional, lo cual impone la adopción de medidas urgentes no sólo de protección individual, sino también de reparación del entramado vincular dañado”, concluyó la magistrada.