Perú: el recién asumido presidente será juzgado por presunta apropiación ilícita

El reciente nombramiento de José María Balcázar como presidente de Perú no ha otorgado al Ejecutivo un respiro. En medio del bullicio de la investidura, el recién electo líder enfrenta una serie de desafíos legales que amenazan con empañar su breve mandato de cinco meses.

José María Balcázar, a sus 83 años, se encuentra en el ojo del huracán. Está previsto que enfrente un juicio por el presunto delito de apropiación ilícita, que está programado para el 16 de junio. Este proceso judicial no es un simple trámite, sino una acusación grave que involucra su gestión anterior como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque. Las acusaciones apuntan a que Balcázar habría desviado fondos de la institución, utilizando cuentas personales para depósitos de los agremiados. Los detalles del informe pericial contable son contundentes: significativos montos en efectivo fueron registrados en sus cuentas, sumando más de medio millón de soles en 2020.

De no presentarse el día de su audiencia, Balcázar podría ser declarado reo contumaz, lo que abriría la puerta a una posible orden de captura. Las autoridades judiciales proceden bajo el argumento de que la citación se emitió previamente a su designación, lo cual elimina la posibilidad de que goce de inmunidad durante el proceso.

Las controversias alrededor de Balcázar no terminan ahí. Ha sido criticado por su rol como defensor legal de un condenado a cadena perpetua por abusos sexuales contra su hijastra. Este aspecto de su currículum resalta especialmente debido a sus recientes comentarios polémicos en temas de relaciones personales. Declaraciones que podrían demostrar una desafortunada alineación con actitudes permisivas hacia la violencia de género han levantado una nube de críticas sobre su imagen.

Además de los procesos legales, el gabinete presidencial se enfrenta a un desafío significativo: reconstruir un equipo gubernamental eficiente tras la renuncia masiva de los ministros del gobierno anterior. Enfrentar el reto urgente de formular un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, pendiente desde el mandato de su predecesor, será crucial para su gestión. Su liderazgo no solo está siendo cuestionado por su pasado, sino también por su capacidad para llevar a cabo las reformas necesarias para la estabilidad y seguridad del país en tiempos tan convulsos.