Desalojo en Onelli: por qué la Justicia suspendió la medida y qué debe resolverse en 30 días

La suspensión del desalojo ordenado en una causa civil no fue una decisión improvisada ni unilateral. Surgió de un acuerdo formal entre las partes, con aval judicial, y quedó atada a una solución habitacional provisoria que deberá materializarse en los próximos 30 días.

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El operativo de desalojo dispuesto por la Justicia para una vivienda ubicada sobre calle Onelli al 1700, en San Carlos de Bariloche, derivó este jueves en momentos de fuerte tensión y en una escena que, finalmente, no tuvo el desenlace previsto. La medida fue suspendida por el plazo de 30 días, una decisión que generó múltiples interpretaciones pero que, según consta en el acta firmada por las partes, respondió a un acuerdo formal y a la intervención de organismos estatales.

El procedimiento se llevó adelante en el marco de la causa “Petroff, Dora Elena c/ Chávez, Julia Argentina y otros s/ reivindicación”, que tramita ante la Unidad Jurisdiccional Civil N.º 1. La oficial de justicia se presentó en el domicilio a las 8.55 para ejecutar el mandamiento, acompañada por personal policial, representantes legales y la defensora de menores e incapaces.

Desde el inicio se dejó constancia de la presencia de menores de edad en la vivienda, un dato que atravesó toda la actuación posterior. Ante la negativa de la familia a permitir el ingreso, intervino la Fiscalía y se solicitó apoyo del grupo COER, lo que derivó en forcejeos y detenciones, en un contexto que fue creciendo en tensión con el correr de los minutos.

Sin embargo, una vez que el personal judicial logró ingresar al inmueble, se abrió una instancia de diálogo que cambió el curso del operativo. En el interior de la vivienda se encontraban los integrantes del grupo familiar, entre ellos niños y adolescentes, lo que motivó la participación activa de la defensora de menores.

Según surge del acta, todas las partes presentes —defensas, Fiscalía, representantes de la actora y organismos estatales— acordaron suspender la ejecución del desalojo. No se trató de una postergación automática ni indefinida, sino de una suspensión por 30 días, condicionada a la concreción de una solución habitacional provisoria.

En ese marco, tomó intervención el Instituto de Tierras y Viviendas del municipio. Su vicepresidenta, Elsa Marie Guerra, ofreció formalmente una alternativa habitacional de emergencia para la familia Chávez, que incluye la entrega de un terreno y la construcción de módulos habitacionales. El plazo de 30 días fue fijado en función de los tiempos necesarios para la ejecución de esa solución, en particular la construcción y el fraguado de la platea.

El acuerdo dejó establecido que, si la solución habitacional se concreta dentro de ese plazo, la familia se compromete a retirarse voluntariamente del inmueble. En caso contrario, la situación deberá ser nuevamente evaluada, con la posibilidad de extender la suspensión hasta que la alternativa ofrecida esté efectivamente resuelta.

De este modo, la prórroga no implicó el cierre del conflicto ni la anulación de la orden judicial, sino una pausa acordada, con condiciones claras y con seguimiento institucional. El expediente sigue abierto y el futuro de la vivienda dependerá de lo que ocurra en las próximas semanas, cuando venza el plazo fijado y se determine si la solución habitacional comprometida se materializa.