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15/11/2025

Deportaron a dos ciudadanos chilenos condenados por delitos sexuales: fueron entregados en Pino Hachado

Cumplieron condenas por prostitución infantil y acoso sexual en Argentina. Fueron expulsados por el paso Pino Hachado hacia Chile, donde quedaron bajo control de la PDI
Fueron escoltados por efectivos de Gendarmería Nacional  hasta el paso internacional, donde quedaron bajo la custodia de detectives del PDI
Fueron escoltados por efectivos de Gendarmería Nacional hasta el paso internacional, donde quedaron bajo la custodia de detectives del PDI

Dos ciudadanos chilenos fueron deportados este fin de semana desde la provincia de Neuquén hacia su país de origen, luego de haber cumplido condenas en la Argentina por los delitos de prostitución infantil y acoso sexual. La expulsión se realizó en el Complejo Fronterizo Pino Hachado, donde autoridades migratorias concretaron el procedimiento formal.

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Según confirmaron fuentes oficiales, ambos individuos fueron trasladados por personal de la Dirección Nacional de Migraciones y escoltados por efectivos de Gendarmería Nacional Argentina hasta el paso internacional, donde quedaron bajo la custodia de detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional (PDI) de Temuco.

Una vez en territorio chileno, la PDI efectuó las verificaciones institucionales correspondientes, confirmando que los dos sujetos habían sido beneficiados con una pena sustitutiva de expulsión, medida que reemplazó la totalidad del cumplimiento de sus condenas en el sistema penitenciario argentino.

Desde Migraciones señalaron que la deportación se llevó a cabo en el marco de los acuerdos bilaterales y los protocolos habituales de cooperación internacional en materia de seguridad y control migratorio. Con la expulsión efectiva, las autoridades argentinas dieron por concluida la etapa judicial y administrativa, ya que los involucrados no registran causas pendientes en el país.

Por su parte, la PDI informó que los ciudadanos chilenos quedaron bajo evaluación administrativa, aunque actualmente no poseen requerimientos judiciales activos. No obstante, continuarán sujetos a los protocolos internos de control aplicados a personas con antecedentes por delitos sexuales.

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