El veto presidencial profundiza la crisis de las universidades en Bariloche

El reciente veto a la ley de financiamiento universitario golpea de lleno a las dos principales casas de estudio de la región: el Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) de la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). Decanos y autoridades advirtieron que la medida compromete salarios, becas, investigación y la posibilidad de proyectar carreras estratégicas.

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“El veto reafirma el rumbo económico que quiere dar el gobierno nacional, aun a pesar de que esta ley había sido votada en el Congreso para compensar la falta de presupuesto”, señaló Marcelo Alonso, decano del CRUB.

Según explicó, la norma contemplaba la actualización salarial y fondos para infraestructura, becas y gastos de funcionamiento. “Los sueldos representan entre el 90 y el 95% del presupuesto universitario, que no se actualizaron a la inflación que vive el país en la actualidad. El resto debería cubrir servicios, mantenimiento, laboratorios, salidas de campo y comedores estudiantiles. Todo eso hoy se resiente”, advirtió.

Alonso describió una situación crítica para la continuidad de muchas actividades: “No se pueden cumplir los objetivos mínimos de materias que requieren prácticas en campo. No podemos pedirle a un estudiante que haga una vaquita para pagar el micro para hacer una actividad de campo, ni decirle que no se hace la salida porque no hay plata”.

El impacto alcanza también a la investigación. “Estamos sobreviviendo como se puede, comprando insumos de nuestro bolsillo o los alumnos hacen rifas para financiar proyectos. Pero eso desliga al Estado de su responsabilidad: sostener la educación superior con los recursos que hacen falta”, afirmó.

Uno de los abrazos en defensa de la universidad pública

Por su parte, Diego Aguiar, vicerrector de la UNRN, coincidió en que la situación es “muy mala, no sólo para el sistema universitario, sino para el país en su conjunto”.

Aguiar recordó que el financiamiento universitario cayó del 0,8% del PBI al 0,5%, mientras que los salarios docentes “perdieron casi el 50% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023”. La ley vetada apuntaba a garantizar sueldos y gastos de funcionamiento, con la meta de alcanzar el 1,5% del PBI en 2031.

También contemplaba un fondo para abrir nuevas carreras, algo que el vicerrector consideró indispensable: “El mundo cambia, la industria cambia, la inteligencia artificial está transformando todo. El sistema no se puede quedar en el tiempo”.

El vicerrector en una de las marchas

El vicerrector destacó además que el veto desconoce la voluntad popular expresada tanto en el Congreso como en las calles: “Es la segunda vez que se aprueba esta ley en ambas cámaras y también la segunda vez que el Ejecutivo la veta. Eso va en contra de la división de poderes y del reclamo social que se expresó en las marchas multitudinarias por la universidad pública”.

Aguiar subrayó que la desinversión en educación está directamente ligada a la crisis del sistema científico y tecnológico. “Hace dos años que la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica no financia un solo proyecto nuevo. El 80% de los investigadores del país trabajan en universidades nacionales y sin financiamiento, no se puede investigar ni transferir ese conocimiento a los estudiantes ni al desarrollo local”, explicó.

Aguiar concluyó con una advertencia: “En todos los países, desde China hasta Estados Unidos, la educación superior, la ciencia y la tecnología son estratégicas. Acá estamos yendo en sentido contrario. La universidad pública está siendo desfinanciada, y con ella el futuro de millones de jóvenes y del país entero”.

Ambos confirmaron que hoy se va a desarrollar una actividad de visibilización sobre esta situación y mañana habra paro de actividades en todas las universidades del país para el personal docente y no docente.