El Gobierno cerró la Agencia de Cannabis por "superposición de funciones y gastos excesivos"

En un nuevo giro dentro de la política de reducción del aparato estatal, el presidente Javier Milei ha tomado una decisión que impacta directamente sobre la administración estatal del sector del cannabis.

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El martes 8 de julio de 2025, fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto 462/25, mediante el cual se formaliza la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). Este organismo había nacido con la intención de regular esta industria emergente y garantizar un desarrollo ordenado tanto en términos medicinales como industriales del cannabis.

La disolución de la ARICCAME es resultado del programa de recortes del actual gobierno, que considera prioritario disminuir las estructuras estatales superpuestas. La decisión se veía venir, dado que el organismo evidenciaba ciertos excesos en su conformación, incluido un personal administrativo inflado que, aunque solo sumaba siete empleados, contaba con un consejo administrativo excepcionalmente grande “detallado en cinco directores, veinte consejeros consultivos, además de un consejo federal de 25 integrantes“. El gobierno nacional argumenta que su disolución es una medida para evitar un gasto innecesario del erario público.

La creación originaria de la ARICCAME, estipulada bajo la Ley 27.669, tuvo como misión formar un sistema que garantizara la regulación del cannabis -un imperativo tanto desde el ámbito medicinal, manejando semillas y derivados de la planta, como desde lo industrial. Pese a ello, el gobierno actual no sólo cuestionó el reinado presupuestario del organismo sino también destacó las deficiencias en sus bases legales. Particularmente se alegó que la reglamentación era vaga y no lograba distinguir adecuadamente entre los diversos productos y usos del cannabis.

Con el cierre de la agencia, las funciones correspondientes serán redistribuidas entre tres instituciones clave del Estado. En cuanto a los derivados medicinales del cannabis, la ANMAT tomará la rienda; su ámbito de acción abarcará desde la supervisión de importaciones hasta la comercialización local e internacional de estos produtos.

Las funciones industriales del uso del cáñamo pasarán a depender de la Secretaría de Industria y Comercio, que gestionará los procesos de producción, mientras que el control y manejo de las semillas quedará bajo la órbita del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. En este punto, es importante resaltar que se presentará un plan especial que busca proteger los derechos de los inventores de nuevas variedades de semillas.

El intento de impulsar cooperativas y pequeños productores, uno de los caballitos de la ARICCAME en su discurso de promoción, fue seriamente criticado por las actuales autoridades. Según entienden, no se logran reflejar los esfuerzos realizados en un crecimiento tangible del sector.