Por decreto, el Gobierno eliminó los créditos de ANSES para jubilados y trabajadores

En una decisión que ha generado un debate intenso tanto a nivel político como social, el gobierno encabezado por Javier Milei ha decidido retirar la facultad otorgada a la ANSES (Administración Nacional de Seguridad Social) para que esta organización conceda créditos a trabajadores y jubilados. Esta modificación, efectuada a través del reciente decreto 1039/2024, plantea que la responsabilidad de ofrecer financiamiento corresponde exclusivamente al sector privado. 

Esta resolución busca priorizar la estabilidad y el resguardo de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino. Según las justificaciones dadas, permitir que ANSES continúe con la gestión de préstamos contrarresta el propósito original del FGS, que es proteger el valor de los activos que garantizan la estabilidad del sistema previsional. Estos activos, según postula el decreto, deben ser invertidos en instrumentos que aseguren la preservación de su valor y no ser desviados hacia funcionamientos de crédito. 

La iniciativa surge en el marco de un repaso exhaustivo de los créditos que fueron emitidos en 2023 bajo el mando del entonces presidente Alberto Fernández. En ese año, ANSES facilitó una disposición de financiamiento a trabajadores registrados, conocida popularmente como "Créditos ANSES". Pero las observaciones del nuevo gobierno revelaron que los créditos ofrecidos presentaron un costo financiero total significativamente diferente en comparación con las tasas de inflación del momento. Los documentos indican que se aplicó una tasa nominal anual del 50%, bastante inferior al exorbitante índice inflacionario registrado de 211.4%. Desde la perspectiva del gobierno actual, la oferta de préstamos a tasas reales negativas se equivale a ofrecer subsidios disimulados a sus beneficiarios, lo cual afecta negativamente los activos financieros del FGS.

Otro aspecto clave del decreto es la defensa de la eficiencia en la asignación de responsabilidades institucionales. "El otorgamiento de financiamiento puede llevarse a cabo de manera eficiente y competitiva por parte del sector privado", expresa el documento, justificando por qué ANSES debería retirarse de sus encargos crediticios al público. Así, el estado busca focalizar sus esfuerzos hacia una gestión pública más eficiente y orientada al beneficio colectivo. 

En términos legislativos, esta medida está amparada por las provisiones de la Ley N° 27.742, las cuales otorgan al Poder Ejecutivo facultades para ajustar roles y responsabilidades en instituciones creadas por orden regular legislativa.