Un reclamo sobre una causa delicada

El Opus Dei tuvo un meteórico ascenso dentro del catolicismo durante el Papado de Juan Pablo II a fuerza de influencias y de apoyo económico a la banca vaticana. Tiene un régimen extremadamente estricto y hermético. Su mentor, Josemaría Escrivá de Balaguer, fue canonizado y beatificado en tiempo récord en un proceso controversial. En cambio monseñor Romero mártir, debió esperar unos cuantos años más. Tal es (era) la magnitud del poder que detentan.

Hace dos años, cuarenta y cuatro mujeres presentaron una denuncia en nuestro país contra cuatro religiosos -un sacerdote y tres exvicarios-, del Opus Dei por trata y explotación laboral a menores de edad entre 1974 y 2015. El modus operandi consistía en captar de manera planificada y deliberada niñas y adolescentes de bajos recursos asegurándoles buena educación. La realidad fue que debieron trabajar largas jornadas atendiendo a los religiosos, bajo un sistema de control psicológico y restricción en las comunicaciones con la familia. El régimen de semi esclavitud no contenía educación alguna, ni sueldo, lejos de cualquier derecho laboral.

Cuarenta denunciantes quedaron afuera porque se fueron de la organización antes del 2008, año en que se sancionó la Ley de Trata de Personas (algunas aparecen en la foto que ilustra esta nota). Los testimonios son contundentes, la educación era una “escuela para mucamas”, “la obediencia era la norma”, “no había vocación divina, era todo manipulación”, “en el Opus te violan la cabeza”. Las obligaban a ir a misa, confesarse y conversar con sus directoras, a asumir compromiso de castidad, pobreza y obediencia. Toda esta información fue reunida por la Unidad Federal de Investigaciones sobre el delito de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina, demostrando condiciones de vida equiparables a la servidumbre.

El caso M.I.E. (se utiliza siglas para preservar su identidad) es contundente. A los 17 años, en 1984, llegaba desde su Bolivia natal con una hermana mayor cuando una mujer les ofreció donde vivir y estudiar. Fueron a parar a una casa en el barrio Belgrano donde fueron sirvientas. Al año ella quiso escapar pero la buscaron y la trasladaron a una residencia en Recoleta. A pesar de sus ruegos para liberarse nunca pudo hacerlo y terminó en la residencia Laya, sede central de la jerarquía del Opus Dei, donde la separaron de su hermana de manera definitiva. Una sola vez la autorizaron a visitar a su familia en Bolivia. Decidió no regresar. Fueron a buscarla para llevarla directamente a Roma entre 1993 y 2000 donde se le desencadenaron problemas de salud mental. Un año después, su hermana pudo librarse, pero M.I.E. no. Durante 10 años fue atendida por depresión por una psiquiatra de la orden que solo le recetó pastillas. Recién a los 47 años la dejaron libre.

Las consecuencias de este proceso judicial trajeron consigo un recorte de las atribuciones y potestades del Opus Dei, modificando el estatuto por parte del papa Francisco a través de un “motu propio”, obligándola a presentar un informe anual (antes era cada 5 años); las investigaciones se replicaron en Uruguay, Paraguay y Bolivia y en breve se extenderán a Europa. También hubo una presentación al Tribunal para la Doctrina de la Fe del Vaticano para que tome medidas aun sin respuesta.

Varias de las víctimas reclaman que el Opus Dei reconozca los hechos y pida perdón.