Desregulación del transporte: no habrá más pasajes gratuitos para personas con discapacidad

En un contexto de agitación y controversia, las empresas de transporte de media y larga distancia han iniciado un movimiento de desregulación que ha impactado directamente en la accesibilidad de servicios para personas con discapacidad. Este movimiento se ha escalado a niveles críticos, afectando a miles de pasajeros que dependían de la gratuidad de los pasajes, un beneficio que desde hace años les permitía moverse sin costos adicionales en el vasto territorio nacional.

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El detonante de este conflicto surgió con la publicación de un decreto que desreguló el sector del transporte, cambiando su clasificación y su percepción como servicio público. Con este cambio normativo, las empresas creen que ya no están obligadas por ley a ofrecer pasajes gratuitos a personas con discapacidad, una interpretación que las llevó a detener este servicio que tantas personas vulnerables beneficiaba desde hace años. Este giro inesperado tomó por sorpresa a muchos usuarios que, al intentar reservar sus pasajes por las vías habituales, descubrieron abruptamente el cambio en las políticas de las empresas.

Las repercusiones no se hicieron esperar. La Secretaría de Transporte ha manifestado su postura de que la obligación para las empresas de ofrecer pasajes gratuitos permanece en vigor, señalando que la desregulación no eliminó esta normativa. Frente a la suspensión unilateral por parte de las empresas, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) ha empezado a aplicar sanciones contra aquellas que han dejado de cumplir su obligación legal. Hasta el momento, más de 44 compañías han sido sancionadas por no adherirse a los compromisos establecidos.

Desde el año 2014, el marco regulador estableció que las empresas debían proveer pasajes sin costo a personas con certificado de discapacidad, una obligación que se solidarizaba en un esquema de subsidios para las compañías de transporte. Sin embargo, a partir de 2017, este subsidio fue transformado en un sistema de compensaciones parciales, el cual ha sido cada vez más inadecuado para las necesidades económicas actuales debido a la inflación. Las empresas argumentan que deben cubrir casi 100,000 pasajes gratuitos mensuales, generando una carga financiera que asciende a más de $3.500 millones mensuales.

A pesar de las sanciones, las empresas del transporte mantienen su postura firme, comparándose con otros sectores más desregulados, como las combis, taxis y ómnibus turísticos, que no tienen la misma exigencia. Han informado que apelarán las sanciones y llevan así el desafío al ámbito judicial, donde apuestan a resolver la disputa sobre la interpretación de su deber de manera definitiva.