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22/10/2024

Condenan a más de 20 años de cárcel al expresidente peruano Alejandro Toledo por corrupción

Es el segundo expresidente de ese país condenado por corrupción.

El tribunal de justicia en Perú ha sentenciado al exmandatario Alejandro Toledo a una condena de 20 años y seis meses de reclusión tras ser hallado culpable de corrupción y lavado de activos, vinculado acuerdo ilícito con Odebrecht por la construcción de la impresionante carretera Interoceánica. Además, la corte decretó su inhabilitación para ejercer funciones públicas por un periodo de tres años, siguiendo la solicitud del equipo fiscal encausador.

La resolución judicial revela que Toledo, durante su gobierno, se asoció ilícitamente con la empresa constructora brasileña Odebrecht, obteniendo una coima que ascendió a 35 millones de dólares. Este monto fue empleado para que Odebrecht ganase la licitación destinada a la edificación de dos cruciales secciones de la carretera, conocida por conectar los extensos territorios de Brasil y Perú. Este procedimiento, lejos de ser transparente, supuso pérdidas significativas para el Estado, tal y como destacó el veredicto emitido por el poder judicial peruano en la red social X.

 

 

Distintos expresidentes peruanos han enfrentado juicios por corrupción, situando hoy a Toledo en un lugar similar al de Alberto Fujimori, cuya serie de sentencias en 2009 también incluyó acusaciones de corrupción. A diferencia de Fujimori, Toledo es pionero en Perú al ser condenado por vínculos con la monumental operación Lava Jato, un escándalo de corrupción de nivel multinacional que salpicó a diversos países latinoamericanos.

La sentencia, emitida por la jueza Inés Roja Contreras del Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, dictamina períodos diferenciados para los delitos. Se le imputan nueve años por corrupción, además de 11 años y medio por lavado de activos. La narrativa del fallo enfatiza la participación del empresario del Estado de Israel, Josef Maiman, quien jugó un rol clave en canalizar los sobornos que lubricaron los proyectos endosados por el gobierno de Toledo.

Roja Contreras expuso detalladamente que, en calidad de máxima autoridad administrativa, Toledo tenía la obligación constitucional de resguardar el buen curso de la administración, especialmente al manejar con neutralidad e imparcialidad los contratos públicos y velar por los intereses del Estado. "Actuar con transparencia debería haber sido su norte'', enfatizó la magistrada, recalcando su falta de independencia ante conexiones externas de índole partidista, económica o personal.

A las puertas del veredicto final, Toledo, elevando su voz en estrados, solicitó poder "curar o morir" dentro de los confines de su hogar, aduciendo tanto problemas cardíacos como un estado de salud marcado por el cáncer. Al mantenimiento de su inocencia, personal que anotaron su último alegato de defensa.

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