Nuevas privatizaciones: el Gobierno ya tiene dos empresas estatales en la mira

En las últimas semanas, el gobierno de Javier Milei ha intensificado su enfoque en la restructuración del sector público, poniendo particular énfasis en el proceso de privatización de varias empresas estatales. Este movimiento no solo busca modificar la estructura económica y devolver sectores al ámbito privado, sino que también ha generado un marcado debate a nivel nacional sobre la eficiencia del gasto público y la función del estado.

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Corredores Viales y la Administración General de Puertos (AGP) han emergido como las últimas adiciones a la lista de estamentos que Javier Milei planea privatizar. Motivos gubernamentales indican que estas entidades replican, en muchos sentidos, las tareas de otros organismos ya existentes como la Dirección Nacional de Vialidad y la Secretaría de Puertos y Vías Navegables. Por ello, en la búsqueda de mayor eficiencia, el gobierno "contempla nuevos modelos que puedan suponer soluciones más efectivas y menos gravosas al erario público".

En particular, Corredores Viales, encargada del mantenimiento de una vasta red de rutas y autopistas que cubren cerca de 6.000 kilómetros en Argentina, presenta, según el gobierno, un caso claro de funciones superpuestas con la Dirección Nacional de Vialidad. Con 3.565 empleados registrados, la empresa ha sido objeto de análisis en pos de revisar su obligatoriedad y operatividad bajo gestión estatal.

La Administración General de Puertos, que tiene la tarea de administrar y mantener la infraestructura portuaria nacional salvo excepciones específicas, enfrenta un dictamen similar. Con una plantilla laboral de 581 personas bajo mando directo, su rol parece debatir claramente con otras entidades marítimas y de navegación, lo cual impulsa la agenda privatizadora.

El caso de Aerolíneas Argentinas también resalta en esta tendencia de reformas profundas. Las conversaciones y disputas con sindicatos han sido extensas y tensas, debido principalmente a las preocupaciones de estos últimos sobre el destino de los empleos y las promesas incumplidas del gobierno de proteger los intereses de todos los asalariados involucrados.

No limitada solamente a cuestiones de infraestructura y servicios básicos, la venta parcial de ARSAT, empresa dedicada a los servicios de telecomunicaciones, resonó en variadas esferas del debate político. Desde la perspectiva oficial, la invitación a capital privado "abre puertas a una modernización anhelada, aunque las críticas contienen alertas sobre la pérdida de soberanía tecnológica".

En paralelo, la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), se postula como otra candidata a la privatización. Su situación financiera, marcada por significativas pérdidas en el último período, crea un entorno fértil para una venta parcial o total de su acciones, situación que ya ha visto precedentes con similar éxito, como el caso de IMPSA.