Ana Oberlin y la reivindicación de los desaparecidos transgénero en la última dictadura

Un grupo de mujeres trans logró un fallo ejemplar en la justicia, respecto a personas que fueron detenidas y desaparecidas durante el Proceso de Reorganización Nacional, según como se autodenominó a la última dictadura cívico militar que padeció la Argentina. Fue la primera vez que personas pertenecientes a este colectivo declaran en un juicio de lesa humanidad. Por este encuadre lograron que estos crímenes no prescribieran. 

De las 610 víctimas documentadas que pasaron por el centro clandestino de detención Pozo de Banfield, ocho eran mujeres trans. La enumeración de los delitos incluye privación ilegal de la libertad agravada, tormentos, abusos sexuales y reducción a servidumbre. Esto último no fue casual atento a la condición de ellas. Como ejemplo las hacían limpiar las machas de sangre de los autos, refacciones en los lugares de detención, lavar ropa y cocinar, así como hacerlas hacer inteligencia con los otros reclusos. El genocida Miguel Etchecolatz se lo ordenó: “vos tenés que ser mis ojos acá dentro”. Durante la reclusión las obligaban a vestir de manera masculina, les cortaban el pelo, las llamaban por su nombre de nacimiento, dentro de un marco de tortura y violación. 

Las víctimas son, Valeria del Mar Ramírez, Julieta Alejandra González, M.G, Judith Lagarde, Analía Velázquez, Paola Leonor Alagastino, Carla Fabiana Gutiérrez y Marcela Viegas Pedro, quienes presentaron su caso ante el Tribunal Oral Criminal Federal Nº 1 de la ciudad de La Plata. Luego de tres años y medio de proceso el 26 de marzo se obtuvo el veredicto y el 5 de julio los fundamentos. Fue la primera condena del mundo por violencia sistemática contra un colectivo trans. Entre los culpables había militares, policías y un civil cuyas penas son de once años. Hubo una persona absuelta.

Quien estuvo a cargo de llevar este caso destacando las características sobre el ensañamiento contra los cuerpos disidentes es la fiscal Ana Oberlin. En los fundamentos del fallo se dice “toda transgresión a la cis/heteronormatividad resultaba objeto de criminalización y disciplinamiento, calificable como amoral y contraria a los cánones de la sociedad occidental y cristiana que imbuía el ideario de los perpetradores del terrorismo de Estado. De ese modo, el colectivo de las personas sexo-genéricamente disidentes eran catalogables dentro del concepto de 'subversivo' elaborado en el marco del plan sistemático de represión ilegal y, por tanto, objeto de persecución”.

Ana Oberlin es una abogada especializada en Derechos Humanos, Género y Derecho Penal, doctora en Derecho y Ciencias Sociales. Fue directora Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos Humanos de la Secretaría de DDHH de la Nación Argentina, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, de H.I.J.O.S. y de numerosas víctimas del terrorismo de Estado y de violencia institucional. Anticipa que no será el único caso de este tipo.