¿Qué dice la denuncia de Stornelli?

En la reciente denuncia que realizó en pos de que se investigue a quienes fueron funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) durante la gestión gubernamental anterior, en la que no descarta un accionar incorrecto de otras personas a cargo en aquel momento de diversas áreas del Poder Ejecutivo, el fiscal federal Carlos Stornelli realizó un repaso de los hechos que lo llevaron a llevar a cabo la presentación.

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En esencia, en el texto apuntó al “presunto fin de beneficiar indebidamente a distintos grupos de personas que se autoproclamarían y/o serían reconocidas como comunidades indígenas, mediante el otorgamiento, dependiendo el caso, de reconocimientos de ocupación territorial como así también el carácter de personería jurídica, todo ello mediante la confección, tramitación y resolución de expedientes administrativos precarios o de escasa significancia administrativa, y en perjuicio de particulares propietarios de las tierras o del Estado nacional, en caso de tratarse de tierras fiscales”.

En tal sentido, explicó que la investigación preliminar se inició el 6 de diciembre del año pasado, tras advertirse desde la fiscalía “una proliferación de resoluciones dictadas por parte del INAI durante el transcurso del 2023, todas ellas relacionadas a distintas comunidades o pueblos indígenas".

De esa manera, enumeró ciento ochenta y tres resoluciones, a través de las cuales, según cada caso, se decidió “otorgarles la personería jurídica; reconocerles una ocupación actual, tradicional y pública en distintos territorios; dar por cumplido el relevamiento técnico, jurídico y catastral de los territorios que ocupan; e incorporar representantes al Consejo de Participación Indígena”.

Fue así que se requirió al Ministerio de Justicia, del cual depende el INAI, “que remitiera copia de las resoluciones” como así también “los expedientes y actuaciones administrativas” que tuvieran relación con ellas.

En tal sentido, el fiscal indicó que, el 31 de enero de 2024, desde el INAI mandaron los expedientes.

“Corresponde señalar que, en comparación con 2022, en el cual tan solo se habrían dictado cincuenta y tres resoluciones de similares características a las aquí analizadas, durante el transcurso del 2023 –en especial durante la segunda mitad del año– se habrían dictado ciento ochenta y tres, es decir, casi el triple que en el período anterior, de forma tal que la indiscriminada proliferación de resoluciones expedidas por el INAI en la última etapa de la gestión del gobierno que culminó el 10 de diciembre de 2023 queda evidenciada a las claras”, sostuvo Stornelli.

De las señaladas, de acuerdo al fiscal, ciento setenta y cuatro resoluciones “se encuentran vinculadas a relevamientos técnicos, jurídicos y catastrales –en algunas, además, se les reconoce la ocupación de territorios–, ocho son para reconocer la personería jurídica de distintas comunidades, y la restante es para incorporar representantes al Consejo de Participación Indígena”.

Stornelli, por otra parte, consideró que la información de los expedientes “no revestiría la seriedad y formalidad que debería contener este tipo de legajos”, lo cual, para él, demostraría que “habrían sido tratados con poca profundidad”.

“En aquellos vinculados a los relevamientos territoriales, es posible advertir que en gran parte incluirían información poco precisa brindada por comunidades indígenas que, a criterio de esta fiscalía, no habría sido corroborada de forma exhaustiva como para poder reconocerles la ocupación del territorio que invocan como propio y que, en definitiva, pretende que les sea otorgado”, apreció, aclarando que la reflexión se vincula a que los datos provienen de lo que tildó de “un precario Cuestionario Socio Comunitario Indígena (CUESCI)", en donde los miembros de las comunidades, mediante “bocetos hechos a mano”, “muestran cuál es el supuesto territorio que ocupan y, según su punto de vista, les pertenece”.

Así, el fiscal brindó ejemplos puntuales, incluido uno vinculado a una “comunidad indígena urbana” ubicada en La Matanza, provincia de Buenos Aires, donde el INAI, más allá de posibles cuestionamientos, dio “por cumplido el relevamiento técnico, jurídico y catastral”.

Stornelli, por otra parte, expuso que, al analizar “la gran mayoría de los informes de dominio confeccionados por los registros de propiedad provinciales”, se concluye que “los terrenos a los que pretenden acceder las comunidades indígenas en verdad pertenecerían a terceros particulares o al Estado nacional”.

En ese punto recalcó que, de lo examinado, no surge que los titulares de la tierra hayan sido notificados “acerca de los procedimientos efectuados y de lo resuelto en cada caso”, y “tampoco se les habría dado intervención para que pudieran ejercer una correcta defensa administrativa”, lo que restringiría derechos como el de la propiedad privada.

En definitiva, para Stornelli, de corroborarse las cuestiones descriptas, se estaría “frente a una serie de circunstancias que podrían ser configurativas de distintos delitos de acción pública”, por lo que consideró que “resulta ineludible que se brinde intervención al magistrado competente para que profundice en sede judicial la investigación de los hechos señalados”.