APUNTARON A UNA “COMPLICIDAD DELICTIVA”

| 15/05/2024

Fuerte reclamo a autoridades de Villa La Angostura en relación a un conflicto con una comunidad mapuche

Fuerte reclamo a autoridades de Villa La Angostura en relación a un conflicto con una comunidad mapuche

La tensión en relación a un conflicto con una comunidad mapuche en Villa La Angostura va en aumento.

La lof en cuestión se denomina Paicil Antriao.

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Recientemente, un fallo de la Justicia neuquina indicaba que el espacio sobre el que gira la problemática, un camping denomina Correntoso, debía retornar a posesión de la municipalidad.

Sin embargo, hay quienes ven en las autoridades comunales una decisión de no actuar al respecto.

Las principales quejas sobre el tema provienen de la agrupación Comunidad Angostura, algo así como un Consenso Bariloche de aquella localidad.

Justamente, María Luz Ricardes, integrante de aquella asociación, recordó el artículo 181 del Código Penal y afirmó que la normativa es clara cuando señala que “será reprimido con una pena de prisión de seis meses a tres años quien ‘despojare a otro’ de la posesión o tenencia de un inmueble ‘por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad’”.

En tal sentido, recordó que, según la norma, “el delito puede materializarse ‘invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes’”. De esa manera, apreció que, si se dan esos requisitos, “basta con que el despojo sea parcial para que exista delito perseguible de oficio”.

Tras esa mención, Ricardes afirmó “que agrupaciones pseudoaborígenes vienen siendo protagonistas de un accionar delictivo tipificado en el Código Penal que atenta contra un derecho fundamental consagrado en la Constitución Nacional, el de la propiedad privada”.

Y, así, advirtió: “En la provincia de Neuquén no se persigue el delito de usurpación cuando es parte de estos grupos autopercibidos originarios”.

“El Estado y la Justicia, pareciera, trabajan para los usurpadores, que, en algunos casos, son verdaderas organizaciones criminales”, consideró, indicando que Villa La Angostura es parte de ese proceder.

“La inclinación del Estado a permitir dicha criminalidad, así como el uso criminal del sistema político que avala la delincuencia indígena, viene siendo un fenómeno que ha adquirido un carácter sistémico, el cual, por ser tan frecuente, ya no hablamos de la inacción de un Estado cómplice, sino de la complicidad delictiva de un Estado que legitima el delito disfrazado de reconocimiento histórico de una pseudocomunidad que nunca, jamás, existió en nuestra localidad”, sostuvo la integrante de Comunidad Angostura.

De tal forma, expuso que “para que el delito se prolongue en el tiempo hace falta una inacción de la administración central, que devenga en complicidad frente a la voluntad delictiva de sectores que agreden las más elementales normas del Estado de derecho”.

“La pasividad por parte del Estado avala la ilegalidad y dilata el problema, buscando hacerlo invisible ante una sociedad cansada, adormecida, poniendo de rodillas a un sistema judicial que, al parecer, resulta inútil y debilitado frente a un poderoso órgano ejecutivo que no respeta la división de poderes del sistema democrático que este país ostenta, donde jueces y fiscales marchan al compás de directivas del Ejecutivo provincial”, añadió.

Ricardes habló de una “paupérrima política municipal” y relató: “En los últimos días, habiéndose realizado una denuncia por las conexiones clandestinas e ilegales del sistema eléctrico, el mismísimo intendente, Javier Murer, en compañía de integrantes del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), y con aparente anuencia de altos funcionarios provinciales, recorrieron la zona usurpada con el fin de dar el servicio de forma ‘cuasi legal’ a los usurpadores; exceptuándolos de todas las reglas que el mismo EPEN publica en su página web oficial”.

“La máxima autoridad del Ejecutivo municipal es cómplice cuando, además, mantiene reuniones periódicas con los usurpadores, tolerando y fomentando el delito y la extorsión constante y sistematizada, generando una creciente desigualdad social frente al acceso a servicios básicos entre quienes están dentro y fuera de la ley y las reglamentaciones vigentes, entre quienes pagan por esos servicios y quienes simplemente se sirven de los mismos sin erogación alguna”, agregó Ricardes, quien consideró que tal “inequidad” sólo “erosiona la confianza en la habilidad del gobierno a cargo de Murer para abordar las necesidades de la mayoría, ya que beneficiando a quien delinque deja en inferioridad de condiciones al resto de los ciudadanos de bien que pagan tasas, impuestos y servicios e integran una verdadera comunidad”.

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