La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) informó la falta de presupuesto para continuar con las obras de los proyectos Carem y RA-10, dos reactores nucleares cuya construcción se inició en 2014 y 2016, respectivamente, y que ahora quedan al borde de la parálisis.

Se trata de tecnologías con un potencial económico y estratégico considerable en la medida en que podrían exportarse y generar un notable ingreso de divisas.

Argentina está a la vanguardia en este rubro de fabricación, cuyas aplicaciones son casi infinitas en el campo de la salud, la industria, la ciencia y la tecnología. En definitiva, si el Gobierno promoviera su desarrollo podría participar de un negocio rentable, sobre todo en un contexto de recambio de matriz energética como el que el mundo afronta.

La sensación de oportunidad perdida aumenta por un motivo geopolítico adicional: mientras otras naciones iniciarán el desarrollo de reactores similares hacia 2030, Argentina podría tenerlos listos entre 2025 y 2028. Como “no hay plata” para el desarrollo de conocimiento autóctono, las deudas no se pagan, se pierden puestos de trabajo y los cerebros se fugan.

Cuando los funcionarios de la gestión actual distinguen de manera injusta y arbitraria “la ciencia que sirve” de la “ciencia que no sirve”, para justificar recortes presupuestarios, en verdad están recurriendo a un artilugio discursivo porque en la práctica la desfinancian en bloque, sin distinción alguna.

En diálogo con Página|12, la presidenta de CNEA, Adriana Serquis, explica cuál es la situación de ambas obras. “En la actualidad, no se encuentran detenidas, ya que no hubo ninguna orden y pararlas es demasiado difícil de un día para otro. Sin embargo, hay deudas gigantes que se acumulan porque prácticamente no estamos recibiendo ningún pago. Dependemos de la Secretaría de Energía y tenemos una previsión presupuestaria que no se está cumpliendo por parte del Estado. Por lo tanto, no podemos prever lo que va a ocurrir y estamos en la peor de las situaciones”. Y remata: “No queremos que las obras se paren, pero dependemos del presupuesto del Estado nacional. Hasta ahora ni siquiera responden al pedido de reuniones”.

La situación de ambos proyectos es distinta: mientras que el RA-10 está prácticamente terminado, al Carem todavía le falta.

Para poder cumplir con las metas de construcción del primer trimestre y que la situación se destrabe, el Estado debería desembolsar 9 millones de dólares; mientras que para cubrir el año completo, la cifra debería incrementarse a 50 millones de dólares.

Para tener referencia, el proyecto Carem ya lleva invertidos 650 millones de dólares y requeriría algo así como 200 millones más para concluir; cuando un proyecto de la misma envergadura en Estados Unidos cuesta 1400 millones de dólares.

En relación a las ganancias que se podrían obtener, la venta de un reactor de la magnitud del Carem podría significar un ingreso de 4 mil millones de dólares; mientras que el RA-10, de ponerse en marcha, podría significar ingresos de 90 millones de dólares al año. En efecto, Argentina tiene a mano una oportunidad muy clara que no debería dejar pasar gracias al diseño y fabricación de iniciativas tecnológicas con capacidad exportadora.

A fines de marzo, la CNEA publicó un comunicado en el que detallaba la “situación presupuestaria crítica”. En el documento, las autoridades que lo firman explicaban que, del mismo modo que sucedió con toda la administración pública, el Gobierno prorrogó el presupuesto de 2023 para 2024.

Con lo cual, con la inflación reinante tendrán resto para funcionar hasta mayo o junio, al igual que otros actores de relevancia para la vida intelectual del país, como las universidades públicas. En el texto, además de aludir a la situación salarial de los trabajadores, se destacaba: “A la fecha son muchos los compromisos asumidos con muchos proveedores a los cuales no se les han podido efectivizar los pagos correspondientes de varios meses. Es así que, ante la falta de flujo y continuidad en los pagos, muchos proveedores se han visto en la obligación de comenzar a no prestar servicios”.