El fiscal César Lanfranchi pidió imputar a otros dos detenidos por el crimen de Facundo Bargiela, pero la defensa planteó duros cuestionamientos y pidió la nulidad de sus detenciones y de los actos posteriores. El juez Laurence se tomó un cuarto intermedio hasta el lunes para decidir. En la previa, impusieron una prohibición de tomar imágenes de los imputados y del abogado particular de uno de ellos.

Carlos Bracamonte (40) fue acusado el jueves como partícipe necesario en el crimen. Este viernes fue el turno de Jonathan Rabinovici (31) y Santiago Figueroa (19), a quienes el fiscal César Lanfranchi acusó como coautores del crimen encuadrado en la figura de homicidio agravado por la participación de más de dos personas, por su comisión con alevosía y por la utilización de un arma de fuego.

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Pero la defensa planteó una dura oposición, reclamando el rechazo a la formulación de cargos y la inmediata libertad de los detenidos, acusando a los investigadores de graves violaciones a derechos y garantías de los sospechosos.

Todo quedó trabado hasta el lunes, cuando el juez Laurence retome la audiencia luego del cuarto intermedio que dispuso para analizar los planteos y decidir.

El cuarto detenido en el caso es Julio Argentino Torres (61), para quien la formulación de cargos se postergó hasta el martes y continuará detenido hasta que la misma se concrete. Será patrocinado legalmente por la defensora pública Natalia Araya.

De acuerdo a la teoría acusatoria que planteó en audiencia el fiscal César Lanfranchi, Facundo Bargiela fue ultimado a traición, sorprendido desde la parte trasera del vehículo en el que viajaba como acompañante en la parte delantera. Le descerrajaron un disparo sin que pudiera defenderse. El proyectil ingresó por la región occipital izquierda con orificio de salida en zona orbital derecha.

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Todo ello ocurrió de acuerdo a lo que previamente habían acordado los acusados, quienes en primera instancia se comunicaron con la víctima y pactaron encontrarse en pleno centro de la ciudad. Se aseguraron de mantener tranquilo a Bargiela por la relación de confianza que mantenían con él. Se trasladaron a bordo del vehículo Chevrolet Onix hacia el Ñireco, lugar en que ascendió al vehículo el último de los imputados. Finalmente se desplazaron hasta el escenario en el que fue descartado el cuerpo, en un descampado lindero a la ruta de Circunvalación, en cercanías de la estación La Paloma de Edersa. El espacio geográfico y el momento exacto del crimen no está determinado todavía.

Según manifestó Lanfranchi, la investigación logró documentar diversas publicaciones en redes sociales que vinculan a la víctima y a los acusados y a los acusados entre sí, en un contexto de comercialización de inmuebles y otras actividades deportivas y comerciales.

Lanfranchi pretendía plantear para Rabinovici y Figueroa medidas cautelares de restricción de libertad, como lo había hecho en el caso de Bracamonte. Pero la firmeza en los planteos defensivos dejaron trunco ese tramo de la acusación pública porque el juez Laurence dispuso un cuarto intermedio para decidir si el procedimiento investigativo fue correcto y se respetaron los derechos y garantías de los acusados.

El fondo de los planteos de las defensoras públicas Paola del Río y Yamile Saidt y el defensor particular Luciano Magaldi apunta a que Figueroa y Rabinovici fueron llevados a una comisaría para ser indagados sin la presencia de un defensor, sometidos a diversas pesquisas como la revisión de teléfonos celulares, hisopados y revisiones médicas policiales, y que como consecuencia de todo ello además, se autorizaron allanamientos y otras medidas probatorias. La fiscalía argumentó que inicialmente fueron considerados testigos, pues aparecían como las últimas personas que se habían comunicado telefónicamente con Bargiela; pero luego a partir de sus contradicciones comenzaron a ser sospechados de encubrimiento y, finalmente, como autores del crimen. Todo en una dinámica de horas de investigación.

En la previa, además, como en el caso de la defensa de Carlos Bracamonte, el defensor Luciano Magaldi, en representación de Rabinovici, reclamó que se impida la publicación de imágenes del acusado, señalando que su asistido había sido objeto de amenazas y también integrantes de su familia, por lo que se había mostrado profundamente atemorizado. La fiscalía no se opuso al planteo e inclusive en la previa había dispuesto una consigna policial de protección en el domicilio familiar. Por ende, el juez de Garantías Juan Pablo Laurence resolvió en ese sentido, impidiendo la difusión de imágenes de los imputados Rabinovici, su defensor particular Luciano Magaldi y el acusado Santiago Figueroa. La medida no alcanzó a la defensora oficial Paola del Río, por su carácter de funcionaria pública.