En un fallo unánime firmado por los jueces Ignacio Gandolfi, Romina Martini y Víctor Gangarrossa, solo cinco de los acusados fueron encontrados culpables de haber ingresado al predio en disputa con un privado, configurando el delito de usurpación que les enrostró la fiscalía. Además, también declararon culpables a dos acusados por el delito de intimidación pública, por la amenaza de bomba en los tribunales, que logró suspender una de las audiencias de la etapa preliminar del caso. Ahora se abrirá una nueva instancia para definir la pena que les corresponderá.

El fallo redactado por Ignacio Gandolfi, con la adhesión unánime de Romina Martini y Víctor Gangarrossa, declaró la responsabilidad penal en el delito de usurpación de Ramiro Abelardo Andrés Buenuleo, Rosa Mabel Buenuleo, Sandra Noemí Ferman, Lucas Emmanuel Dinamarca y Nahuel Aucan Maliqueo, en tanto que fueron eximidos de responsabilidad en ese hecho Mauro Millán, Nicolás Antonio Quijada y Claudio Javier Raile,  entendiendo los jueces que en estos últimos casos la fiscalía no logró acreditar la responsabilidad que reprochó en su alegato de clausura.

Además, también declararon los jueces la responsabilidad penal de Ramiro Abelardo Andrés Buenuleo y Leonardo Feltez, a quienes les atribuyeron el entorpecimiento de delito de turbación del ejercicio de funciones públicas por haber realizado una amenaza de bomba en el edificio de tribunales, justamente una mañana en la que se pretendía avanzar con una audiencia del proceso de usurpación.

El expediente tuvo una dilatada tramitación en los tribunales locales y llegó a esta instancia de juicio tras un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que intervino luego de fallos del Tribunal de Impugnación y el Superior Tribunal de Justicia.

En el caso se investigó un hecho ocurrido a partir del 10 de septiembre de 2019, cuando despojaron a Emilio Friedrich y otras personas, de un lote de unas 92 hectáreas, ubicado en el sector Sur de la ciudad, conocido como Pampa de Buenuleo.

Según la acusación, organizados previamente, los acusados iniciaron la ocupación del predio apuntando a una recuperación territorial. En el camino el expediente deambuló por los estrados judiciales y estuvo a punto de caerse cuando la fiscalía se retiró del caso, tras un dictamen del INAI, que reconoció la ocupación histórica del lugar por integrantes de la comunidad. Luego esa resolución fue anulada y el caso quedó listo para avanzar a juicio, pese a que más tarde el INAI volvió a dictar una resolución que avaló la preexistencia de la Comunidad Buenuleo en el lugar, hace unos ciento cincuenta años aproximadamente.

Además, a Ramiro Buenuleo y Feltez, les atribuyeron un hecho que ocurrido el 6 de septiembre de 2022, cuando según la acusación se pusieron de acuerdo para realizar llamadas telefónicas y alterar el normal desarrollo de una audiencia que en ese momento se realizaba en los tribunales locales. Mediante mensajes de WhatsApp, Buenuleo le pidió a Feltez que realice los llamados y Feltez llamó dos veces al 911 y a Bomberos Voluntarios, advirtiendo sobre la presencia de un artefacto explosivo en el edificio Pilmayquen, obligando a la suspensión de todas las actividades judiciales y al desalojo del edificio.