Lucas Matías Olivarez logró evitar el juicio oral en su contra, aunque quedó sujeto a una serie de condiciones que deberá respetar por el término de un año, bajo apercibimiento de reiniciarse el proceso penal en su contra. Pagará tres millones de pesos y realizará cien horas de tareas comunitarias, como una forma de resarcir el daño ocasionado.

El juez Bernardo Campana aceptó la propuesta que presentaron las partes y concedió el beneficio de la suspensión del juicio a prueba a Olivarez, quien llegó a esta instancia acusado por los delitos de homicidio y lesiones leves culposas, producto de un siniestro vial que se produjo por su propia imprudencia y por su conducción antirreglamentaria del vehículo en el que se desplazaba.

El hecho ocurrió el 10 de septiembre de 2023 en la Avenida Carlos Manuel Bustos -acceso al cerro Catedral-, al momento en que el acusado se encontraba al mando de un vehículo marca Jeep con dirección al centro de deportes invernales, en pleno ascenso y perdió el control del rodado invadiendo el carril contrario y provocando el choque con una camioneta Renault Kangoo que circulaba en dirección contraria.

Tras el choque parcialmente frontal y lateral, ambos vehículos se desplazaron hacia la banquina, en donde el vehículo de menor porte golpeó en el guardarraíl y volcó, lo que produjo que Verónica Nicolás, quien venía sentada en la parte trasera, saliera despedida del vehículo y falleciera en el acto, por el impacto sufrido. Además, otra persona que venía sentada en la parte trasera de la camioneta Renault Kangoo, también sufrió lesiones leves.

El siniestro vial se produjo por el accionar imprudente y antirreglamentario del acusado, al invadir de modo intempestivo y sin prestar la debida atención en la conducción, el carril contrario sin verificar si alguien venía de frente y obstruyó la libre circulación del Renault, provocando la colisión.

Como parte del acuerdo que alcanzaron el acusado, su defensor particular Leandro Lescano, el abogado querellante Martín Domínguez y el fiscal Tomás Soto, el caso quedará suspendido por un año, lapso en el cual el acusado deberá observar las pautas de conducta de rigor que le impusieron, entre las que destacan la inhabilitación especial para conducir por un plazo de cinco años, pero además deberá realizar cien horas de tareas comunitarias no remuneradas y abonar una suma de tres millones de pesos, todo como forma de compensar los daños ocasionados.