EL DICTAMEN QUE LOGRÓ MAYORÍA CONSAGRA LA OFENSIVA ANTICULTURA

| 26/01/2024

El INT pasará a depender de la Secretaría de Cultura y persiste el ataque al sector librero

El INT pasará a depender de la Secretaría de Cultura y persiste el ataque al sector librero
La motosierra se ensaña con la cultura. Foto: Matías Garay.
La motosierra se ensaña con la cultura. Foto: Matías Garay.

El proyecto de ley que se tratará en Diputados la semana no contempla la eliminación del Fondo Nacional de las Artes, pero es igualmente ofensivo para el quehacer artístico y cultural del país.

Si bien dio marcha atrás en su objetivo inicial de cerrar el Fondo Nacional de las Artes (FNA), la vocación anticultura del Poder Ejecutivo y sus diputados permanece incólume: el directorio del organismo se reducirá de 12 miembros a cuatro, pero, además, el Instituto Nacional del Teatro (INT) será absorbido por la Secretaría de Cultura. También quedó en el proyecto de ley ómnibus la derogación de la norma que establece el Precio uniforme de Venta al Público de los libros.

De prosperar la iniciativa del gobierno cuando se trate la semana que viene en la Cámara de Diputados, será el propio Javier Milei quien designe a los directores del FNA. Hasta el 10 de diciembre, el organismo funcionaba con representantes por disciplina artística, la mayoría de los cuales trabajaba ad honorem. Además, aportaba un representante el Banco Central y otro el Ministerio de Cultura.

Voceros gubernamentales insisten en aseverar que el FNA destina el 70 por ciento de los recursos con que cuenta a gastos de funcionamiento y solo el 30 por ciento al fomento de las artes a través de becas, préstamos y premios. Sin embargo, fuentes del organismo dieron a conocer porcentajes diferentes: en 2022 se destinó al funcionamiento menos del 50 por ciento. En la pandemia, la proporción fue inferior al 17 por ciento.

El dictamen que logró mayoría en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados también establece un tope del 20 por ciento para gastos de funcionamiento en la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CoNaBip) y en el Instituto Nacional de la Música (INAMU). En el ámbito del arte dramático, el INT sería parte de la Secretaría de Cultura, es decir, resignaría autarquía.

Aunque en otro capítulo de la así llamada Ley Ómnibus y a pesar de la cerrada oposición del sector, se mantuvo la decisión de derogar la Ley 25.542 que defiende al conjunto de la actividad librera. Su caída sólo beneficiaría a grandes cadenas -incluso no especializadas-, plataformas de comercio electrónico e importadoras de saldos provenientes de España o México.

Como ya mencionó El Cordillerano, “no se entiende el porqué de la derogación de la Ley 25.542”. Víctor Malumian, coeditor de Ediciones Godot y uno de los organizadores de la Feria de Editores, le dijo al diario capitalino La Nación que “si la razón es que no hay plata, la ley no le cuesta un centavo al Estado. No se escuchó un solo argumento por parte de quienes impulsan la derogación”. La norma no data de la era kirchnerista sino de 2001 y gracias a su implementación, florecieron cientos de librerías independientes en el país.

En esta ciudad, la ofensiva del nuevo gobierno motivó la organización del Frente Cultural Bariloche, que, entre otras acciones, se hizo presente en la enorme marcha que acompañó el paro del 24 de enero. En los últimos años fueron múltiples los apoyos que llegaron a elencos teatrales, salas, músicos y músicas, artistas plásticos y bibliotecas populares, precisamente desde los organismos que ahora están en la mira de la motosierra. Se va a notar el vacío, de prosperar la tala indiscriminada.

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