CAME exige cambios en la Ley Ómnibus para proteger a las economías regionales

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ha presentado una solicitud al Congreso para modificar el artículo 206 de la Ley Ómnibus, argumentando que es necesario establecer una definición precisa de las economías regionales contempladas en dicha ley. La propuesta busca evitar que ciertos complejos agroindustriales deban tributar retenciones.

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En la carta enviada a funcionarios del Gobierno, gobernadores y diputados de todos los bloques, el sector de Economías Regionales de la CAME propone la incorporación de un nuevo artículo o la modificación del existente en la Ley Ómnibus, específicamente referente a los Derechos de Exportación, con el objetivo de brindar una definición clara de las economías regionales argentinas.

La Confederación argumenta que es crucial establecer qué se entiende por economías regionales, para así abarcar más de 7000 posiciones arancelarias. Según el presidente de CAME, Alfredo González, es necesario evitar confusiones y asegurarse de que todas las actividades sean incluidas o excluidas de manera coherente.

En su definición propuesta, CAME describe a las economías regionales como aquellas actividades que se originan en el sector agroindustrial primario y sus industrias derivadas, cuyos sistemas de producción, elaboración e industrialización están vinculados a zonas geográficas específicas. Estas economías se caracterizan por su relevancia socioeconómica local y provincial, generación de ingresos y agregado de valor, uso de mano de obra intensiva y aprovechamiento de materias primas agropecuarias locales.

La Confederación enfatiza en la importancia de definir de manera precisa qué constituye una economía regional, ya que no se quiere repetir situaciones en las que algunas actividades son consideradas como economías regionales mientras que otras no lo son.

La propuesta de CAME busca fomentar el desarrollo y protección de las economías regionales en el marco de la Ley Ómnibus, que contempla diversas modificaciones en ámbitos social, político y económico. El debate en el Congreso continúa y se espera que esta solicitud sea considerada durante la discusión del proyecto de ley.