Oro del Banco Central: amplían denuncia y piden investigar posibles comisiones millonarias

En un desarrollo significativo, el abogado Gregorio Dalbón ha intensificado una denuncia penal que alega manipulaciones irregulares en las operaciones de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según la acusación, realizadas en 2025, estas operaciones implicaban derivados del oro que pueden haber resultado en pérdidas estimadas en mil millones de dólares para el país.

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Las acusaciones recaen sobre figuras prominentes, incluidos el ministro de Economía Luis Caputo, el presidente del BCRA Santiago Bausili, el superintendente Juan Ernesto Curutchet, y Nicolás Ferro, miembro clave del organismo monetario.

La denuncia amplificada exige un escrutinio exhaustivo de los acuerdos contractuales, y sugiere que algunos acuerdos firmados, posiblemente, utilizaron al Deutsche Bank como una de las entidades intermediarias. Se sospecha que estas transacciones fueron una cobertura contra una eventual devaluación del valor del oro, ofertando su compra a un precio que excedía el rango de precios en el mercado.

Un importante punto de investigación se centra en los flujos de dinero que las transacciones pudieran haber generado, en forma de comisiones u honorarios que las entidades financieras involucradas podrían haber percibido. La cifra especulada, más alta de sesenta millones de dólares, es vista con escepticismo, y Dalbón insiste en una investigación rigurosa para obtener cifras claras a través de una verificación oficial de estos pagos.

El abogado propone una serie de acciones jurídicas para asegurar que se preserven las pruebas electrónicas y documentales relacionadas con las transacciones. En su declaración, Dalbón argumenta que la custodiar los registros digitales almacenados en los servidores del BCRA es crucial porque podrían contener verificaciones clave de las circunstancias y los protocolos de contratación.

El poderoso eco de este escándalo resuena más allá de las inmediaciones nacionales, motivando esfuerzos para involucrar a organismos internacionales, con el fin de someter las transacciones a una evaluación neutral que garantice un proceso de escrutinio imparcial. En entrevistas con los medios, un destacado detective financiero en Buenos Aires explicó lo intrincado del análisis requerido para diferencias operaciones de alto riesgo de aquellas realizadas en perjuicio del Estado.

Existe un llamado creciente desde organizaciones civiles que exigen transparencia y responsabilidad por parte de quienes controlan las finanzas publicas.

Como último recurso, Dalbón insta a que las personalidades señaladas, incluidas aquellas en roles de liderazgo durante las operaciones, se presenten a indagatorias. Según analistas del derecho, tales medidas no solo servirían como una advertencia significativa a aquellos en posiciones de poder, sino que también promoverían un sistema financiero más robusto, afianzando el principio de que incluso poderosos actores económicos deben responder a la ley para preservar la integridad institucional.