“Se escuchó un griterío como una película de terror”

El lunes comenzó el juicio por la tragedia en el camping Lolén a orillas del lago Lácar. Hay imputados cuatro guardaparques y los dos prestadores turísticos que tenían la concesión.

El hecho ocurrió en enero de 2016 cuando las familias estaban disfrutando de la jornada en el Lolén, ubicado en la bahía de Catrire. El accidente provocó la muerte de Matías Mercanti, de 7 años, y de Martina Sepúlveda, de 3, mientras que dos adultos, familiares de los niños, sufrieron lesiones graves. En el juicio, el papá de Matías fue el primer testigo en ser llamado. Dijo que no había pronóstico de viento ese día y que tampoco había cartelería que indique precaución.

“El árbol se cayó en el mismo tiempo que cae esta lapicera”, demostró Mercanti, quien fue consultado por el abogado de Jones si consideraba que el pie del árbol fue un sitio adecuado para que permanecieran los niños, por lo que contestó que sí, al tratarse de un camping concesionado y habilitado. También le preguntaron si vio que el roble de aproximadamente 40 metros de altura estaba en estado de pudrición, a lo que aclaró que esa tarea la “hacen los guardaparques”.

El papá de la otra víctima contó que es oriundo de San Martín de los Andes y relató: “Fuimos con la familia a compartir un día de playa y volvimos con mi hija en un cajón”. Sumó que en el momento “se escuchó un griterío como una película de terror” y que luego “solo recibimos chicanas en estos ocho años”. La mamá de la nena de 3 años precisó que ese 1º de enero no había viento y que era un día de calor, por lo que eligieron dejar a Martina en la sombra. “Pensé que mi hija iba a salir con una costilla rota, no aplastada. Mi vida cambió”, lamentó.

En comunicación con la radio Río Negro, el padre de Martina disparó contra la APN, dado que “ni siquiera fueron capaces de solidarizarse” y destacó que el juicio llegó “después de casi ocho años”. El objetivo del proceso será pedir más control en el sitio de la tragedia: “Nosotros pedimos control, debería existir cartelería advirtiendo ciertas cosas o situaciones porque es un camping, no un lugar agreste, entonces ingresa mucha más gente”, explicó.

En 2019, la jueza federal de Zapala, Silvina Domínguez, había sobreseído a los implicados. La resolución fue apelada, ya que en la causa consta documentación donde se establece que tanto los guardaparques como la comunidad mapuche se encontraban obligados a realizar una revisión de los árboles previo al inicio de la temporada, con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes.