Se suman voces contra la propuesta de Gennuso

Tras el posicionamiento de Consenso Bariloche contra el proyecto enviado al Concejo Deliberante por el intendente Gustavo Gennuso, tendiente a crear lo que el jefe comunal ha denominado un Programa Permanente de los Pueblos Originarios, se ha dado a conocer otra opinión negativa en relación al texto que se pretende transformar en ordenanza.

En esta ocasión, se aunaron las voces de los integrantes de la agrupación Convocatoria para la Participación Ciudadana (muy activos últimamente; por ejemplo, hace dos semanas organizaron una charla que el filósofo y escritor Santiago Kovadloff brindó en Bariloche) y las de los Vecinos Autoconvocados por la Patria (quienes han tenido repercusión pública, sobre todo, a partir de los denominados banderazos por la situación de Villa Mascardi).

En un comunicado que escribieron en conjunto, se lee: “Sin perjuicio del despropósito y la intencional actitud provocativa que significa que un intendente municipal a un paso de terminar su mandato, y cuando la ciudad ya ha elegido las nuevas autoridades ejecutivas, legislativas y de contralor que habrán de administrar la cosa pública, genere un proyecto que no hace otra cosa que continuar dividiendo a la sociedad de Bariloche, el proyecto mismo adolece de una grave inconsistencia institucional y constitucional, pues pretende crear una comisión municipal para llevar adelante un Programa Permanente de Pueblos Originarios en Bariloche, con presupuesto municipal asignado y con la facultad de tomar decisiones de carácter vinculante”.

“Este carácter vinculante, es decir, la capacidad institucional de tomar decisiones cuyo cumplimiento será obligatorio para todos los estamentos de la administración, y que necesariamente tendrá incidencia sobre las políticas públicas de la ciudad con una consecuencia directa para toda la comunidad, constituye una distorsión y afectación al ordenamiento político e institucional del municipio, poniendo en cabeza de un grupo de ciudadanos, que nadie votó ni instituyó como tal, un suprapoder y derecho sobre el resto de la población y de las instituciones intermedias”, manifiestan los firmantes, para luego señalar: “Todos los organismos de consulta o incluso aquellos órganos de participación ciudadana previstos en la Carta Orgánica Municipal carecen de facultades decisorias obligatorias para el Estado o para los ciudadanos, salvo en el caso del referéndum, lo que resulta obvio ya que se trata de un instituto de participación democrática directo y en el que toda la población se expresa a través del voto, que no es el caso de esta comisión”.

De esa manera, consideran: “Este proyecto violenta y ataca la misma organización política, institucional y la forma de gobierno del municipio y, lo que es más grave, le otorga a un grupo de ciudadanos con una determinada identificación étnica o cultural una prerrogativa por sobre el resto de las comunidades, grupos intermedios, asociaciones, y en definitiva por encima de cada uno de los barilochenses”. 

En tal sentido, afirman que “se trata de otorgar un ‘supraderecho’ y un ‘suprapoder’ de tal modo que las decisiones de esta comisión, una vez asumidas, puedan imponerse por encima del plexo legal municipal, y lo que es más grave, aun por encima de la Carta Orgánica, de la Constitución Provincial y de la Constitución Nacional, por más que en la presentación del proyecto se pretenda fundamentar su sanción en dichas normas”. 

También sostienen: “Por otro lado, aún cuando se pretenda que ese carácter imperativo de las decisiones de la Comisión esté relacionado exclusivamente con los objetivos previstos en el llamado PPO –Programa Permanente de los Pueblos Originarios- es evidente que en la vida comunitaria habrá innumerables situaciones que puedan presentarse en conflicto con esos intereses o en desmedro y perjuicio incluso de los derechos e intereses del conjunto o de algunos estamentos de la población o de otras comunidades tan válidas y dignas de respeto y protección como la de los pueblos ‘originarios’”. 

En base a esas consideraciones, aseveran: “Este proyecto destruye directamente las bases para una convivencia democrática y en paz y será sin lugar a dudas una fuente constante de conflictos y disputas”.

A modo de conclusión, se dirigen al cuerpo legislativo municipal y dicen: “El principio constitucional y convencional de igualdad ante la ley, la prohibición de establecer prerrogativas de sangre o de nacimiento del artículo 16 de la Constitución Nacional, como el principio de soberanía popular del artículo 2 de la Constitución Provincial, y de gobierno republicano de la Constitución Nacional son violentados directamente por este proyecto, y entendemos que su aprobación por parte del Concejo Deliberante constituirá un acto de irresponsabilidad política e institucional de suma gravedad, cuyas consecuencias sin duda recaerán en los concejales que así lo convaliden”.