Cambió las cerraduras y vendió las pertenencias de su inquilina: pagó y zafó

Una mujer de 43 años resultó definitivamente sobreseída al haber dado cumplimiento al pago de una compensación económica y otras pautas de conducta que le impusieron al acordar una suspensión del juicio a prueba. La habían acusado por desbaratar los derechos que previamente había acordado con su inquilina, al cambiar las cerraduras, impedirle el ingreso al domicilio y, además, vender sus pertenencias por redes sociales.

María Delia Tramujas, oriunda de Sierra Grande, fue definitivamente sobreseída luego del pedido que planteó el fiscal Tomás Soto, tras verificarse que la mujer cumplió todas las pautas que le impusieron en el marco de una suspensión del juico a prueba.

Soto recordó que la mujer estaba acusada por un hecho ocurrido entre el 11 y 12 de julio de 2021, en un inmueble de esta localidad que le pertenecía, pero que tenía alquilado a otra mujer. En esa circunstancia, al advertir que la misma había salido del domicilio, procedió, en forma clandestina y ejerciendo violencia, a cambiar la cerradura del departamento que le alquilaba desde el 1 de noviembre de 2019, sin consentimiento expreso ni tácito de la víctima, despojándola de ese modo de la posesión que hasta ese día detentaba sobre dicho inmueble. Además, Tramujas agregó un candado al portón de acceso al lugar, evitando que su inquilina pudiera ingresar siquiera al predio y finalmente se apoderó ilegítimamente de varios bienes personales que se hallaban en el interior de la vivienda.

Como segunda parte de su accionar, entre el 12 de julio y el 5 de octubre, Tramujas aprovechó la ausencia de su inquilina para poner sus bienes a la venta en las redes sociales sin su autorización.

Según la imputación del fiscal Soto, el hecho fue consumado, pues la víctima solo pudo recuperar algunos pocos elementos de su propiedad, luego de que las autoridades lograran autorización para realizar un allanamiento en la casa de la imputada.

Así las cosas, Tramujas fue acusada por los delitos de usurpación, robo simple y estelionato. No obstante a partir de la ausencia de antecedentes penales y ante la entidad de los hechos investigados, las partes acordaron la aplicación de un criterio de oportunidad, que consistió en suspender el avance del proceso y otorgar a la acusada la posibilidad de compensar su accionar disvalioso.

Luego, se verificó que concretó el pago de 200 mil pesos en compensación por los daños ocasionados y la propia víctima manifestó su conformidad con darle cierre al caso. Así lo postuló el fiscal, a cuya posición adhirió la defensora oficial Blanca Alderete.