Imputaron a tres hombres por un intento de robo en un barrio privado de Bariloche

Tres hombres fueron imputados por el delito de robo en poblado y en banda, en grado de tentativa, por un hecho ocurrido el 21 de octubre en un barrio privado, ubicado sobre la avenida Bustillo a la altura del kilómetro 15, en Bariloche. El juez de garantías César Lanfranchi dio por formulados los cargos y dispuso que los tres permanezcan en libertad, con prohibición de acercamiento al barrio y de contacto con las personas vinculadas al caso.

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Según la acusación fiscal, los tres llegaron al lugar en un Renault Duster gris. Dos de ellos habrían ingresado al barrio tras doblar el cerco perimetral de alambre y se dirigieron hacia una vivienda. Luego entraron a un contenedor cercano, de donde intentaron sustraer un televisor de 32 pulgadas y una caja de herramientas.

De acuerdo con la Fiscalía, no lograron llevarse los elementos porque intervino la Policía. Vecinos del barrio habían alertado a los efectivos de la Unidad 55, que participaron del procedimiento.

La acusación se apoyó, en esta instancia inicial, en el acta policial y en un informe preliminar de Criminalística que habría constatado daños en el cerco perimetral y la presencia de los objetos en el lugar. La Fiscalía también mencionó el registro del dispositivo de monitoreo electrónico que llevaba uno de los imputados, quien cumplía una condena bajo el régimen de libertad condicional.

Durante la audiencia, la defensora oficial se opuso a la formulación de cargos. Cuestionó que no se hubiera presentado una denuncia penal y señaló que, según su interpretación, no estaba suficientemente precisada la intervención que habría tenido cada uno de los acusados. También sostuvo que faltaba incorporar información a la investigación y puso en duda que se hubiera ejercido fuerza para ingresar al contenedor, por lo que planteó que podría tratarse de un hurto y no de un robo.

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El fiscal respondió que la falta de una denuncia no impedía avanzar con la investigación. Afirmó que se había identificado al damnificado y que el cerco perimetral del barrio estaba doblado, lo que respaldaría la hipótesis de un ingreso mediante fuerza.

Lanfranchi consideró que existían elementos suficientes para habilitar la investigación penal preparatoria. Señaló que la intervención policial y los datos aportados por la Fiscalía permitían delimitar el hecho que se investigaría, sin que fuera necesaria una denuncia para iniciar el proceso. Por eso, dio por formulados los cargos y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación.

Rechazaron el pedido de prisión preventiva

Al solicitar medidas cautelares, la Fiscalía pidió dos meses de prisión preventiva para dos de los imputados. Como fundamento, señaló que ambos tenían antecedentes penales y argumentó que existía riesgo de que pudieran entorpecer la investigación, ya que todavía debían recibirse declaraciones de testigos y del damnificado.

En el caso de uno de ellos, el fiscal remarcó que había accedido a la libertad condicional pocos días antes, mientras cumplía una condena con monitoreo electrónico, y sostuvo que el nuevo hecho podría implicar un incumplimiento de las pautas impuestas.

La defensa rechazó el pedido y cuestionó que los antecedentes penales fueran utilizados como fundamento suficiente para ordenar la detención. Sostuvo que todavía debía reunirse evidencia para determinar qué había hecho cada uno y que una prohibición de acercamiento y de contacto podía proteger el desarrollo de la investigación.

El juez coincidió en que no correspondía imponer la prisión preventiva en esta etapa. Consideró que, aunque existían elementos para investigar el hecho, los antecedentes penales no justificaban por sí solos la medida más gravosa y que podían aplicarse restricciones menos severas para resguardar el proceso.

De esta manera, dispuso una prohibición de acercamiento para los tres imputados, que deberán mantenerse a más de 200 metros del barrio en cuestión y no podrán acercarse ni comunicarse, de manera directa o indirecta, con las personas alcanzadas por la medida. Las restricciones regirán durante el período de investigación.

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El magistrado advirtió que el incumplimiento de esas obligaciones podría constituir un nuevo delito y habilitar un eventual pedido de prisión preventiva. La investigación continuará para determinar las circunstancias del hecho y la participación que habría tenido cada uno de los acusados.