Tuvo un brote psicótico, atacó a su expareja y a policías: tendrá que someterse a tratamientos

En el marco de un proceso en el que intervino el fiscal César Lanfranchi y el defensor Rodolfo Rodrigo, el juez Juan Pablo Laurence cerró definitivamente el proceso contra un hombre que protagonizó un violento y atípico hecho. El fiscal planteó que se declare la inimputabilidad del acusado, su sobreseimiento y el cese de la prisión preventiva, con aplicación de medidas de seguridad.

El acusado estaba imputado por un hecho ocurrido el 6 de noviembre de 2022, en horas de la madrugada. En la ocasión ingresó sin autorización y contra la voluntad expresa de su expareja, al domicilio de la mujer. Portaba un machete en la mano y él mismo llamó a la policía alegando que había personas que lo estaban siguiendo y estaban en el patio. Consta en las actuaciones que cuando el personal policial arribó al domicilio el propio acusado los recibió y que los uniformados se retiraron sin novedades.

Pero el acusado reingresó al domicilio y se tornó violento con la mujer, acusándola de tenderle una trampa, para seguidamente tomarla del cuello, deslizarle un cuchillo de cocina por el cuello y asestarle varios puntazos, al tiempo que la arrojó al suelo y la golpeó varias veces.

La escena fue presenciada por una hija quien intentó defender a su mamá, aunque el atacante le pidió que llame a su abuela, con un confuso mensaje, hasta que finalmente transcurridos algunos minutos llegó la policía al lugar y en un forcejeo lograron reducir al involucrado y trasladarlo a la comisaría.

En esas maniobras y durante el traslado, el acusado logró herir a tres de los empleados policiales que participaron del operativo.

En definitiva, el hecho encuadró en las figuras de tentativa de femicidio, violación de domicilio, resistencia a la autoridad y lesiones calificadas. No obstante, en el avance de la investigación el fiscal descartó el ánimo homicida del acusado y disminuyó la acusación a amenazas agravadas por el uso de arma, violación de domicilio, resistencia a la autoridad y lesiones calificadas.

La psiquiatra forense que analizó al acusado, determinó que su actitud se funda en un fenómeno de “trastorno agudo paranoide que habría padecido como consecuencia del abuso”, remarcando que las personas con esas patologías “perciben que están en peligro, que podrían ser víctimas de daño sobre su persona, y actúan acorde a esa idea patológica, que los llevará conductualmente a intentar protegerse, defenderse o atacar”.

En tal sentido concluyó que el acusado sufrió lo que se conoce como Psicosis Inducida por Cocaína (PIC), la cual al momento del hecho le habría impedido el pleno gobierno de su conducta.

Más allá de eso, los informes que se agregaron al legajo judicial descartaron la necesidad de una internación del acusado, pero recomendaron un tratamiento ambulatorio acompañado de psicoterapia individual.

En consecuencia, el juez Laurence apuntó que “en virtud de que se ha agotado el plazo de la Investigación Penal Preparatoria; que no se avanzará a la siguiente etapa procesal, procurando la acusación respecto de su persona; que no quedan medidas pendientes para obtener evidencia de calidad que permita modificar el norte de la investigación en esta concreta y puntual situación de (in)imputabilidad y el derecho de toda persona sospechada a obtener un pronunciamiento fundado y dentro de un plazo razonable que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal, es que así lo dispondré”.

Además del sobreseimiento, el magistrado dispuso un seguimiento específico y concreto respecto del imputado, que se establezca el abordaje interdisciplinario e intersectorial respecto de la problemática del sospechado. Para ello, requirió la intervención de APASA y el seguimiento integral respecto de su adicción y que ello suceda durante los próximos seis meses, con remisión de informes de manera regular, una vez por mes, a la autoridad de control.

También ordenó la medida de prohibición de acercamiento a una distancia de doscientos metros y de contacto por cualquier tipo de medio respecto de la víctima.