Le encontraron una perrita y otros elementos robados: hizo un curso de construcción y zafó

La jueza Romina Martini no tuvo controversias para resolver en el marco de una audiencia en la que el fiscal adjunto Facundo D'Apice y el defensor Mauro Lescano solicitaron el sobreseimiento definitivo de Gonzalo Federico Maese, un sujeto al que sorprendieron con una cachorrita y otros elementos que habían sido denunciados como robados.

El fiscal adjunto Facundo D'Apice, siguiendo instrucciones de la fiscala Alejandra Bartolomé, recordó que Maese había sido imputado por un hecho ocurrido el 25 de mayo de 2019, cuando recibió y mantuvo en su poder, una perra de raza bulldog francés, cachorra, dos cajas de griferías con los accesorios en su interior, un bidet con elementos y tornillos de instalación, cuando de acuerdo a las circunstancias podía sospechar que tenían un origen ilícito, toda vez que recibió los mismos sin que estuvieran acompañados de documentación que avalara propiedad por parte de quien se la entregaba.

Según se detalló, el can había sido sustraído en forma ilegítima del interior de un vehículo marca Chevrolet Silverado estacionado en la vía pública, mientras que los otros artículos habían sido sustraídos de una vivienda en abril de 2019.

Los hechos habían encuadrado en la figura de encubrimiento por receptación sospechosa y Maese había sido acusado a título de autor.

Pero al momento del Control de Acusación, las partes analizaron que el hecho no había afectado gravemente el interés público, por la entidad del mismo y además que el acusado realizó un curso de construcción en seco que la fiscalía le había exigido para aplicar un criterio de oportunidad.

En consecuencia, el Ministerio Público Fiscal prescindió del ejercicio de la acción penal en el legajo.

El defensor, por su parte, reforzó que su asistido asumió un compromiso y lo cumplió. Consideró que la solución planteada por el fiscal, atendió a la solución del conflicto primario.

La jueza Martini, dispuso en consecuencia que “el fiscal ha motivado de modo suficiente las razones por las cuales decidió aplicar un criterio de oportunidad en este caso, disponiendo libremente del ejercicio de la acción pública. Entiendo que el acusador cumplió con la manda procesal de resolución de conflictos y que la solución a la que ha arribado en el caso es ajustada a derecho, razón por la cual corresponde hacer lugar a lo solicitado”.

Destacó también “el consentimiento prestado por la víctima para aplicar dicha solución, como así también el trabajo de la Defensa al motivar a su asistido a realizar los esfuerzos para así poder arribar a este acuerdo en pos de la resolución del conflicto”.