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LA JUNTA VECINAL RECURRIÓ A LA JUSTICIA FEDERAL

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27/06/2023

Intentan frenar el acuerdo por el conflicto de Villa Mascardi

Intentan frenar el acuerdo por el conflicto de Villa Mascardi
Intentan frenar el acuerdo por el conflicto de Villa Mascardi

La junta vecinal de Villa Mascardi presentó ayer, ante la Justicia federal, un pedido de rechazo al acuerdo que funcionarios nacionales y referentes mapuches firmaron en relación al conflicto en el lugar, aunque, justamente, en una de las dos causas relacionadas con la situación en el paraje –la denominada “madre”– se notificó, en el mismo día, que el convenio había sido homologado.

“El acuerdo compromiso mediante el cual se pretende extinguir la acción penal por conciliación es nulo de nulidad absoluta y resulta improcedente a aquellos fines ya que existe un impedimento particular previsto en el Código Procesal Penal Federal, en tanto los delitos atribuidos a los imputados aparecen cometidos con grave violencia sobre las personas”, sentenciaron desde la agrupación vecinal, detallando que se refieren a: “Disparos de armas de fuego, incendios, arrojamiento de proyectiles y amenazas a los legítimos propietarios por parte de encapuchados, uso de bombas molotov y piedrazos lanzados a funcionarios policiales y judiciales, y a la propia gobernadora Arabela Carreras”.

Asimismo, tal como ya habían señalado en una presentación realizada diez días atrás ante la Administración de Parques Nacionales, los propietarios de predios en Mascardi afirmaron: “Tampoco los funcionarios nacionales tienen por sí la potestad de comprometer al Estado nacional en los términos volcados en el acuerdo”.

Justamente, sobre el texto que firmaron los representantes gubernamentales y los referentes indígenas, desde la junta vecinal consideraron: “Este acuerdo insólitamente consiste en una serie de concesiones de la víctima a favor de los imputados y se les ofrece aquello de lo que pretendieron apropiarse mediante el delito, lo que el Instituto de la Conciliación rechaza y aborrece”.

“Su aceptación violentaría las bases del Estado de derecho”, afirmaron, a la vez que indicaron: “Nos encontramos además ante un único conflicto con multiplicidad de víctimas”. En tal sentido, añadieron: “Sostener que mediante un acuerdo entre los imputados y la Administración de Parques Nacionales se restablece la armonía entre los protagonistas del ‘conflicto de Villa Mascardi’ es una falsedad o una trampa”.

“Ningún efecto podrá tener respecto de los hechos que perjudicaran a todas las víctimas particulares”, expusieron, a la vez que señalaron: “Lejos de perseguir la paz social, con este acuerdo, el Estado nacional está dando carta de inmunidad y cobertura para que los miembros de de la Lafken Winkul Mapu sigan atacando contra nuestra vida e integridad física, tal como resulta de las innumerables denuncias penales que los suscriptos hemos efectuado ante órganos del Poder Judicial nacional o provincial”.

“Si se llegase hipotéticamente a homologar el acta acuerdo, tanto el Estado nacional como todos los funcionarios públicos intervinientes, directa o indirectamente, podrán ser pasibles de responsabilidad civil, penal o administrativa”, advirtieron.

“El accionar de las autoridades estatales ha tenido como efecto que sujetos no estatales puedan no ser condenados por la comisión de manera sistemática de actos violentos en contra de la propiedad pública y privada y contra nosotros, los vecinos de Villa Mascardi”, aseguraron, para luego afirmar que, de esa manera, se avivó el clima de violencia y, así, se justificó “el accionar violento y delictivo de sujetos no estatales, vinculados con la Lafken Winkul Mapu, quienes, con total impunidad, actuaron y actúan ‘apoyados’ por las autoridades públicas del Estado nacional”.

“Formulamos las más amplias reservas para defender nuestros derechos en caso de que, eventualmente, se ratifique, homologue o se ponga en ejecución el acuerdo y, consecuentemente, se pretenda extinguir la acción penal por conciliación, así como de reclamar los daños y perjuicios derivados de este accionar ilegítimo por parte del Estado nacional y de sus funcionarios públicos, y de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la violación de los derechos y garantías constitucionales mencionadas”, concluyeron.

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