Más allá de celebrar que el Estado nacional, a partir de la firma del acuerdo con referentes mapuches, reconoció la existencia de un lugar sagrado indígena, a la comunidad Lafken Winkul Mapu “como custodio” del sitio y a “la machi como autoridad espiritual del pueblo mapuche”, desde la Gremial de Abogados, entidad defensora de las tres integrantes de la lof que permanecen detenidas, se marcaron algunos cuestionamientos.

Así, los miembros de la agrupación recalcaron que “el diálogo se llevó adelante sin la participación personal y directa de buena parte de los directamente interesados, particularmente sin la presencia de la machi Betiana Colhuan Nahuel”.

También destacaron que “se mantuvo, a lo largo de estos ocho meses, la prohibición por Parques Nacionales de acceder al rewe para todo miembro de las comunidades mapuches o sus representantes y, en los días inmediatamente previos a esta firma (del acuerdo), el rewe fue nuevamente profanado a pesar de que estaba en custodia por el Comando Unificado de las fuerzas de seguridad”.

En tercer lugar, se refirieron a “la presión de la negativa del Poder Ejecutivo a hacer una presentación judicial conjunta, en los términos que permite el código procesal vigente, para suspender la acción penal; diciendo claramente que no seguirían el camino de la conciliación judicial hasta que las comunidades no firmaran un acuerdo dentro de las condiciones que al propio Gobierno le parecieran satisfactorias y que, por supuesto, no lo harían si no se aceptaban sus condiciones”.

Además, apuntaron a “la negativa de Parques Nacionales, avalada por el conjunto del Gobierno nacional, a brindar más seguridad jurídica a la cesión del territorio haciéndola bajo la figura de comodato, lo cual les era perfectamente posible de haber tenido la voluntad de hacerlo”.

De tal manera, los letrados manifestaron que “es un acuerdo que dista mucho de lo que realmente debiera haber sido”. 

“Parques Nacionales, fiel depositario de los objetivos históricos por los que se creó, hizo lo imposible por no arribar a acuerdo alguno y, para hacerlo, impuso que la comunidad no pueda retornar a su lugar, por lo que la mayor parte de la comunidad será ‘reubicada’, como si fuera una simple cuestión de tierras y, además, acepta permitir que la machi pueda retornar al rewe con grandes limitaciones”, sostuvieron los abogados, para luego añadir: “La intención clara y hasta diríamos explícita, de Parques Nacionales en particular, fue dilatar lo más posible la firma del acuerdo de manera de especular con la posibilidad de que, de no resolverse las distintas cuestiones que implica su implementación antes del 10 de diciembre, o incluso de octubre, el acuerdo se convierta en ‘papel mojado’”.

Además, explicaron que la rúbrica de representantes gubernamentales y referentes mapuches “significa que el Estado, en particular Parques Nacionales, deberá firmar un acuerdo de conciliación para extinguir las acciones penales en contra de la comunidad, el que deberá luego ser homologado por la Justicia para que tenga esos efectos”. En tal sentido, ahondaron: “Con esto queremos decir que la libertad de las lagmien (hermanas), el retorno al rewe y el cese de persecución a los miembros de la comunidad, una vez presentado el acuerdo, quedará en manos de la decisión de los tribunales intervinientes”.

“Concretamente: ni la libertad de las lagmien, ni el regreso pleno al territorio sagrado, serán inmediatos, ni rápidos”, manifestaron, y agregaron: “Tampoco ocurrirá en forma automática -como muchos dicen- por el simple ingreso de un escrito a los distintos tribunales”.

“Queda aún pendiente un camino a recorrer que no será fácil”, consideraron, y remarcaron que acompañarán las luchas venideras "para defender lo alcanzado".