PARA QUE LA MACHI NO VUELVA AL REWE

| 04/06/2023

La junta vecinal de Villa Mascardi pide que se rechace la homologación del acuerdo

La junta vecinal de Villa Mascardi pide que se rechace la homologación del acuerdo
Foto: Matías Garay.
Foto: Matías Garay.

“Confiamos en el sistema judicial para recuperar el orden y la paz social en Villa Mascardi”, señalaron desde la junta vecinal del paraje, tras la firma del convenio entre funcionarios nacionales y referentes mapuches que, entre otras cuestiones, indica que la machi (autoridad espiritual) Betiana Colhuan, tras el desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu que se efectuó en octubre de 2022, podrá retornar al rewe (sitio sagrado), ubicado en un predio de Parques Nacionales.

En tal sentido, a través de un comunicado, desde la agrupación de vecinos expresaron: “Manifestamos nuestro total repudio a los términos del acuerdo firmado por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, con quienes están sometidos a juicio por más de doscientos hechos delictivos, entre incendios, robos, atentados con armas de fuego, etcétera, durante la usurpación que mantuvieron durante cinco años de propiedades de dominio privado de Parques Nacionales y de propietarios privados legítimos”.

Así, consideraron que Pietragalla “es incompetente para reconocer, por parte de la Nación Argentina, como sitio sagrado a ‘la talla antropomorfa’ fruto del delito mencionado en tierras del Parque Nacional Nahuel Huapi”. A la vez, apuntaron que el funcionario no puede avalar a “Betiana Colhuan como persona con algún tipo de privilegio y don”, ni “para que pueda ejercer tareas espirituales y medicinales”. Asimismo, indicaron que el secretario de Derechos Humanos no tiene que “comprometer recursos del Estado a estos fines ilícitos”.

Los miembros de la junta vecinal sostuvieron: “Deben continuar los procesos judiciales en trámite, sin la interferencia del Poder Ejecutivo Nacional a través de una ilegal mesa de diálogo, que ya los ha suspendido por seis meses”.

De tal manera, en el texto, expusieron que “evitar la ejecución de este ilícito queda en manos de los jueces y fiscales correspondientes”, sobre los que se afirmó que deben “rechazar la homologación del acuerdo, que no cumple con las condiciones legales requeridas, no impone obligaciones a los procesados que justifiquen extinguir la acción penal y no aplica en delitos de acción pública cometidos con grave violencia sobre las personas y sobre sus derechos fundamentales”.

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