La marcha vehicular del 25 de Mayo hacia Villa Mascardi tiene mucho de incógnita.

El propósito está claro: quienes la organizan quieren marcar la cancha para evitar que el Gobierno nacional entregue tierras a la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Pero lo del interrogante apunta, precisamente, a si los manifestantes conseguirán su objetivo.

¿Podrán mostrar una presencia rotunda como para que resuene a nivel nacional?

Porque está claro que la intención es que el hecho alcance gran difusión.

Se pretende que, a partir de su resonancia, el tema llegue a los medios nacionales.

La marcha anterior, del 2 de octubre de 2022, precedió al desalojo de la lof, que se produjo dos días después mediante un operativo del Comando Unificado, un conjunto de fuerzas preparado para la ocasión.

Tras aquello, por el lado de los vecinos, se respiró cierta tranquilidad.

Les fueron devueltas las propiedades que habían sido tomadas y -aunque persistieron sin éxito en un pedido de “reparación e indemnizaciones plenas a las víctimas de los robos, usurpaciones, incendios, etcétera”-, durante un tiempo, pensaron que el desalojo había marcado el fin del tema.

Igualmente, el mantenimiento de la “talla antropomorfa” vinculada al rewe (sitio sagrado de la machi Betiana Colhuan, o sea, la autoridad espiritual) les provocaba resquemor.

Justamente, fue a partir de ese lugar, ubicado en un predio de Parques Nacionales, que se comenzó a presionar desde sectores mapuches.

Porque un rewe se vincula tanto con el derecho a la libertad de culto como a la medicina, ya que en la cosmovisión mapuche las cuestiones se enlazan.

Así, incluso, se aludió repetitivamente a que la situación reinante iba contra diversos tratados internacionales.

Además, la permanencia de cuatro mujeres de la comunidad con prisión preventiva domiciliaria, en una causa por usurpación, también fue motivo de revuelo.

Claro que todo tiene sus bemoles, porque cuando se dice que por ese delito nadie permanece ni un día detenido, no se tiene en cuenta que este asunto está lejos de encontrarse bajo los parámetros de raciocinio habituales.

Acá todo se mezcla.

La usurpación no solo fue usurpación.

Los actos vandálicos que rodearon el tema dejaron a Villa Mascardi como el escenario de una película bélica.

También es cierto que aquí convergen deudas del Estado que nunca fueron resueltas.

Los pueblos originarios, en la Argentina, a partir de decisiones estatales, quedaron marginados, sin contar la violencia con la que se los embistió en diversos períodos históricos: la Conquista del Desierto, con Roca a la cabeza; la masacre de Rincón Bomba, Formosa, durante el primer peronismo; y un largo etcétera enmarcado en una persecución que nunca cesó.

Incluso fueron acometidos dentro de una supuesta “legalidad”, cuando los que ellos llaman winkas aprovechaban debilidades o falta de conocimientos para conseguir tratos que de justos no tenían nada.

El presente exhibe una reivindicación del ser indígena –principalmente, mapuche–, aunque, asimismo, es verdad que ese retomar del perfil identitario no solo tiene que ver con ideales, sino también con la necesidad. La Constitución habla de regular la entrega a las comunidades de tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano, ya que se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios.

Y, en momentos donde llegar a una vivienda propia, para la mayoría de la gente, resulta casi imposible, el tema se sumó a ese despertar de un sentimiento revolucionario relacionado con lo indígena, con un perfil, en algunos casos, setentista, en cuanto al tinte romántico del asunto -aunque olvidando la sangre que corrió en aquella etapa de referencia.  

De esa manera, todo colaboró a que germinara ese autorreconocimiento de una identidad que permanecía oculta en los pliegues de una memoria resquebrajada.

A todo esto, en la Constitución se aclara que las referencias en el texto aluden a los pueblos indígenas argentinos, y ahí resurge otra controversia, porque están quienes adhieren a la teoría de que, puntualmente, los mapuches provienen del otro lado de la cordillera.

Al respecto, cabe mencionar al líder del Frente Patriótico Patoruzú, Manuel Berro, quien se metió de lleno en la organización de la marcha vehicular a Mascardi, con el fin de sumar participantes que lleguen desde otras partes del país, y no dudó en afirmar: “Los mapuches son chilenos”. Hay que recordar que, en marzo, la Legislatura mendocina aprobó un proyecto de declaración que sostiene que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”.

Por otra parte, se desconoce si la manifestación anunciada para el Día de la Patria contará con la presencia de políticos reconocidos.

Es casi una fija la asistencia de integrantes del PRO a nivel local y provincial, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, pero las apuestas giran en ver si aparecerá alguna figura rutilante de carácter nacional.

En ese punto, las divagaciones vienen a cuenta de que, en aquella recordada marcha que se produjo dos días antes del desalojo, estuvo Patricia Bullrich.

Su círculo cercano en la región asegura que esta vez no será de la partida y apuntan a “compromisos previos”, pero nunca se sabe… 

O, quizá, otros exponentes de Juntos por el Cambio, o de sectores aún más a la derecha, “bajen” a esta parte de la Patagonia.

Es época preelectoral, y los candidatos presidenciales buscan la foto donde sea.

Mientras tanto, los mapuches que apoyan a la Lafken Winkul Mapu –que son muchos, pero no todos– están a la espera de si, finalmente, el 1° de junio, tal como se les comunicó, los representantes gubernamentales firmarán el acuerdo en el que trabajaron con los referentes indígenas el 10 de febrero en Bariloche, en el marco de una mesa de diálogo convocada por el presidente, que fue, justamente, lo que encendió las alertas entre los integrantes de la junta vecinal de Villa Mascardi.

Como ya van varias veces que estuvieron a punto de… pero no concretaron la rúbrica, los mapuches permanecen a la expectativa.

Hace unos días, referentes de los pueblos originarios, no solo de Río Negro, sino también de provincias vecinas, se acercaron a la ruka (casa mapuche) de Bariloche, donde transitan su detención preventiva domiciliaria tres de las cuatro integrantes de la Lafken Winkul Mapu (la restante está en Patagones, con su familia), y, tras mantener un encuentro con ellas, dieron a conocer un comunicado donde llamaron a movilizarse y realizar “expresiones de acción directa”, como manera de presionar en pos de la firma del pacto, que, a todo esto, permitiría el regreso de la machi y su círculo íntimo al rewe, como así también la entrega de tierras a la comunidad en la zona de lago Guillelmo.

Al tratar estas temáticas hay cuestiones que se entrelazan, porque al mismo tiempo que se dirime lo de Mascardi, Facundo Jones Huala –a quien, cuando estaba prófugo, el presidente de la junta vecinal del paraje, Diego Frutos, dijo haber visto en el lugar– está por afrontar un juicio de extradición para ser enviado a Chile.

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche, por estos días, parece que no cuenta con demasiado respaldo. Incluso desde la Gremial de Abogados se envío una indirecta demasiado directa a los organismos de derechos humanos para que apoyaran al detenido.

Asimismo, el juicio por la muerte de Rafael Nahuel está anunciado para agosto.

Cabe recordar que el joven murió en Villa Mascardi en 2017, cuando el Grupo Albatros, de Prefectura Nacional, realizaba un operativo.

Como se ve, la marcha hacia Mascardi se producirá en un contexto muy particular, con una problemática que, más que por acabar, parece mostrar signos de un continuo volver a empezar… en el peor de los sentidos.