¿Las pertenencias de Lucas Muñoz estuvieron siempre en la Comisaría y nadie las vio?

Desde el 14 de julio de 2016, cuando desapareció Lucas Muñoz, al mes de enero de este año, pasaron aproximadamente unos dos mil cuatrocientos días.

El Ministerio Público Fiscal inició una investigación para determinar si es posible que el chaleco y el cargador del arma reglamentaria del oficial Lucas Muñoz y una ficha con una huella digital impresa hayan permanecido más de seis años guardadas en el interior de la Comisaría 42, siendo que en el marco de la investigación por el secuestro y posterior asesinato, la dependencia policial fue allanada en reiteradas oportunidades.

La realidad indica que más allá de la enorme conmoción que generó la noticia en todos los ámbitos de la provincia y conociendo de antemano las penosas dificultades que atravesó la investigación para intentar descubrir lo ocurrido, el caso tiene cada vez más interrogantes. El paso del tiempo y mucho más las manos oscuras que parecen estar detrás de todo empeoran las cosas.

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Lo cierto es que los equipos técnicos del Ministerio Público Fiscal, en Viedma, peritan los elementos secuestrados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la dependencia policial en la que prestaba servicios el joven asesinado. Según pudo saber El Cordillerano, el hallazgo se habría producido alrededor del 30 de enero pasado, fecha en la que asumió el comisario Félix Castro al mando de la Unidad 42 del Alto de la ciudad.

En paralelo a la investigación sobre el crimen, que desde el inicio condujo el fiscal Martín Govetto, el Ministerio Público inició una investigadión con muchísimos interrogantes. ¿Cuándo llegaron los elementos allí? ¿Quién los guardó y por qué?  ¿Alguien lo sabía? ¿Alguien lo ocultó? ¿El lugar fue inspeccionado en los allanamientos? ¿Es una parte del entramado mafioso que alguna vez se aventuró como hipótesis criminal de lo ocurido? ¿Es posible determinar alguna responsabilidad por acción u omisión de parte de algún funcionario? La lista de interrogantes es interminable.

No hay que olvidar que Néstor Adrián Meyreles y Federico Oscar Valenzuela Campos, ambos integrantes de la Policía de Río Negro, fueron condenados a dos años de prisión en suspenso y el doble de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por el delito de abuso de autoridad.

Ambos tuvieron participación en un hecho ocurrido los días 14 y 15 de julio de 2016, oportunidad en que se dio de alta una línea telefónica a nombre de Lucas Muñoz –que en ese momento se encontraba desaparecido– sin que ninguna autoridad judicial lo ordenara o autorizara. La línea fue activada en la zona de Catriel, de manera presencial por Meyreles, quien actuó a pedido de Valenzuela. Según explicaron los dos, habían querido colaborar con la búsqueda de su camarada.

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En otra causa, conexa a la principal, los policías Maximiliano Morales y Luis Irusta fueron también condenados como autores del delito de allanamiento ilegal. Ambos ingresaron la noche del 14 de julio de 2016 a la habitación de Muñoz, ubicada en una hostería de Moreno y Frey, sin ninguna orden ni autorización judicial. Revisaron sus pertenencias, tomaron fotografías y las compartieron con algún jefe policial. También argumentaron que pretendían ayudar.

El juez Marcelo Barrutia, que dictó las dos sentencias condenatorias contra los cuatro uniformados, dijo en su última sentencia que había "quedado evidentemente flotando un pacto de silencio y una cadena de encubrimientos que tienen que ver con la causa madre, con la causa principal, que es la desaparición y posterior homicidio de Lucas Muñoz”. El magistrado derivó todos los casos a la Fiscalía para que se considere todo lo ocurrido durante los juicios, pero eso no cambió la suerte de la investigación principal.

De un tiempo a esta parte lo único que se supo del caso es que el fiscal Govetto había agotado todas las hipótesis posibles, sin encontrar elementos probatorios suficientes para sostener con seriedad cualquiera de ellas, y que la causa quedó virtualmente archivada, aunque ello nunca se concretó en los papeles.

La aparentemente sorpresiva aparición de estos elementos, presúntamente en el interior de una oficina destinada a depósitos judiciales, provocó revuelo y se abrió una luz de esperanza para la familia de la víctima. El joven había llegado desde el Valle Medio para cumplir funciones en la mencionada Comisaría 42, pero al poco tiempo de estar en ese puesto fue secuestrado cuando se dirigía a tomar servicio el 14 de julio de 2016. Varios días después, el 10 de agosto, su cuerpo apareció con un tiro en la nuca (a modo de “ejecución”) en un descampado cercano a la Ruta de Circunvalación, un lugar que también había sido rastrillado en varias ocasiones.

Por ahora, la causa se mantiene en un cono de sombras, o en un mar de dudas.