Hay represión contra las libertades de expresión, prensa y asociación. Los trabajadores migrantes la pasan muy mal, víctimas de prácticas muy difíciles de diferenciar de la simple y llana esclavitud. Qué decir de las mujeres…

La difícil situación de las personas migrantes que trabajan en Qatar fue objeto de amplia difusión desde que la FIFA concedió en 2010 la organización del Mundial. Pero para Amnistía Internacional, “solo es una de las violaciones de derechos humanos que conforman el inquietante historial” del país organizador. Hay que anotar además represión contra “la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de asociación”. Tampoco funciona la justicia, las mujeres sufren discriminación legal y práctica, y otro tanto sucede con el colectivo LGBT.

Según la organización defensora de los derechos humanos, “las autoridades cataríes usan leyes abusivas para reprimir a quienes mantienen posturas críticas hacia el Estado, ya sean ciudadanos y ciudadanas cataríes o trabajadores y trabajadoras migrantes”. Al respecto, la entidad documentó “casos de personas de nacionalidad catarí que han sido detenidas arbitrariamente tras criticar al Gobierno, y condenadas después de juicios injustos sobre la base de confesiones obtenidas mediante coacción”. Los casos pueden consultarse en la página web de AI.

En sintonía con la búsqueda de silencio, “en Qatar hay pocos medios de comunicación independientes o críticos. Las autoridades del país limitan la libertad de prensa imponiendo restricciones a los operadores de medios de comunicación, entre ellas prohibir filmar en determinados lugares, como edificios oficiales, hospitales, universidades, lugares de alojamiento del personal laboral migrante y viviendas privadas”.

La legislación laboral es otro déficit. “Los trabajadores y trabajadoras migrantes siguen teniendo prohibido formar sindicatos o afiliarse a ellos. En cambio, se les permite formar comités conjuntos, una iniciativa dirigida por los empleadores para permitir la representación de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, hasta la fecha esta iniciativa no es de obligado cumplimiento y solo cubre al 2 por ciento de la población trabajadora, cifra que dista mucho de hacer efectivo el derecho fundamental a formar sindicatos y afiliarse a ellos”.

En la misma línea, “tanto las personas de nacionalidad catarí como los trabajadores y trabajadoras migrantes sufren consecuencias por ejercer su derecho de reunión pacífica. Por ejemplo, en agosto de 2022, cientos de trabajadores migrantes fueron detenidos y deportados por las autoridades estatales tras protestar en las calles de Doha por los reiterados impagos de salarios de su empresa”.

Recurrir al Poder Judicial no es una opción. “En los últimos 10 años, Amnistía Internacional ha documentado casos de juicios sin garantías en los que nunca se investigaron las denuncias de tortura y malos tratos de las personas encausadas, y se impusieron condenas sobre la base de confesiones obtenidas mediante coacción. En muchos casos, las personas acusadas habían sido interrogadas mientras estaban recluidas en régimen de incomunicación, sin acceso a abogados o intérpretes”.

En cuanto a las mujeres, “en virtud del sistema de tutela, las mujeres necesitan el permiso de su tutor varón –por lo general, su esposo, padre, hermano, abuelo o tío– para contraer matrimonio, estudiar en el extranjero con becas del Gobierno, ejercer muchos empleos públicos, viajar a otros países (si tienen menos de 25 años), y acceder a atención de la salud reproductiva”.

Como trascendió en múltiples en ocasiones, “las leyes cataríes discriminan a las personas LGBT. El artículo 2963 del Código Penal tipifica como delito diversos actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo, y establece posibles penas de cárcel para toda persona que –textualmente– impulse o induzca o incite a un varón, por cualquier medio, a cometer un acto de sodomía o licencioso”, destaca el informe. Otro artículo establece sanciones para toda persona que “induzca o incite a un hombre o una mujer, por cualquier medio, a cometer actos contrarios a la moral o que sean ilegítimos”.

En el rubro derechos laborales, “aunque las condiciones han mejorado en algunos casos, miles de personas siguen enfrentándose a problemas como retrasos o impagos de los salarios, negación de días de descanso, condiciones de trabajo inseguras, obstáculos para cambiar de trabajo y acceso limitado a la justicia, mientras que las muertes de miles de trabajadores siguen sin investigarse”.

Algunas de las prácticas remiten al esclavismo. “El trabajo forzoso y otras formas de abusos continúan, especialmente en el sector de la seguridad privada y en el caso de los trabajadores y trabajadoras domésticos, en su mayoría mujeres. El pago de exorbitantes comisiones de contratación para conseguir empleo sigue siendo generalizado, con cantidades que oscilan entre 1000 y 3000 dólares estadounidenses. Muchas personas necesitan meses o incluso años para pagar la deuda, lo que provoca que se vean atrapadas en un círculo vicioso de explotación”, afirma AI. Todas los componentes del informe están más desarrollados en su versión original.