El Tribunal de Impugnación de la provincia, integrado por los jueces Miguel Cardella, Rita Custet Llambí y Carlos Mussi, rechazó el recurso de impugnación ordinaria que intentó la defensa y confirmó la condena de ocho años y seis meses de prisión efectiva para el acusado de haber cometido hechos de abuso sexual y lesiones agravadas.

En esa instancia participaron el fiscal Martín Lozada, la abogada de la querella Ana Vera y del defensor particular Sebastián Arrondo, y tras el análisis de los argumentos expresados, el TI decidió confirmar la sentencia del 4 de agosto pasado, mediante la cual se condenó al sujeto como autor penalmente responsable de dos hechos, que importaron los delitos de lesiones leves doblemente agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género y por haber sido pareja; abuso sexual con acceso carnal y amenazas -tres hechos - y lesiones leves agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género y amenazas -dos hechos- (segundo), ambos en concurso material; a la pena de 8 años y 6 meses de prisión.

De acuerdo a los sucesos demostrados por la sentencia –que todavía no está firme-, el hecho denominado primero ocurrió el 22 de octubre de 2019, en el interior de una vivienda en la que vivía la expareja del acusado. El sujeto llegó para dejar a su hijo con la madre, pero al encontrarse con otro hombre, que se retiró de inmediato, reaccionó violentamente contra la mujer y ejerció violencia física, verbal y sexual contra la víctima. Lejos de conformarse con semejante ataque, amenazó con quemar la casa de la familia de la víctima y de matarla a ella.

Algunos días después, en el interior de su propio domicilio familiar, mantuvo un altercado con su hermana y le propinó una serie de golpes y amenazas. De las expresiones registradas en el legajo, se desprende que el acusado ya registraba un largo historial de episodios violentos.

Los jueces, resolvieron remitir una copia de la sentencia apelada al Ministerio de Educación, pues en el segundo punto, los jueces del juicio recomendaron “a los profesionales que intervinieron en el Protocolo de Abuso Sexual de la víctima el día 22/10/19 y al Ministerio Público Fiscal en su calidad de director de la investigación penal, se ajusten a los estándares de protección y debida diligencia reforzada en el abordaje y realización de protocolos a mujeres víctimas de abuso sexual. Generando un ambiente seguro y adecuado para que la mujer perciba la confianza y protección necesaria de su intimidad y privacidad. En el cual brinden la oportunidad a las víctimas de elegir el sexo de la persona que habrá de hacer la revisión genital y ginecológica; revisión que debe ser efectuada sin excepción por un/a profesional especialista en la materia; acto que debe realizarse en un lugar adecuado e íntimo que proteja la intimidad y privacidad de la mujer y no en uno de permanente ingreso y egreso del personal. Líbrense oficios con notificación personal a cada uno de los tres profesionales que firman el protocolo”.