El werken habló de comunidades que “se arrogan el derecho de una mapuchicidad pulcra” y “son funcionales al Estado”

Ante un nuevo comunicado de la lof Wiritray, en el que se pronunció fuertemente contra el encuentro provincial de pueblos originarios de este fin de semana en Bariloche, el werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, teniendo en cuenta el rol en esa convocatoria de la organización indígena que preside, firmó un texto en el que, sin nombrarla, gran parte de las palabras apunta a aquella comunidad.

Por ejemplo, dice: “Se ven a comunidades y referentes indígenas que bajo el nombre de ancestrales o pacíficas se arrogan el derecho de una mapuchicidad pulcra y bajo ese discurso son funcionales al Estado que nos sometió al más cruento genocidio, y, lo que es peor, son parte de las organizaciones que litigan contra otras comunidades y no tienen empacho en fotografiarse con quienes nos vienen a matar”.

“Se habla del derecho a la tierra restringido a una situación posterior a la Campaña del Desierto y es así que cuestionan a otras comunidades, cuestionan las reivindicaciones territoriales, desconocen los procesos identitarios, desconocen la reconstrucción de una espiritualidad que no practican y avalan la violencia del Estado contra sus propios hermanos. Avalan el extractivismo en sus propios territorios y corren presurosos para las fotos con la gobernadora o ministros sin un poco de dignidad que les recuerde de dónde vienen y quiénes son, cómo llegaron a los lugares donde hoy están, cuándo se conformaron en comunidades y cuáles fueron sus luchas donde fueron acompañados por quienes hoy critican”, afirma el werken en el documento, fechado el viernes, es decir un día antes del inicio del parlamento mapuche en Bariloche. 

“Se sienten intocables porque se creen amigos del gobierno y no se dan cuenta que son funcionales y funcionarios de quienes atacan a las comunidades”, arremete el referente indígena. 

Para Carriqueo, “cuando se cuestiona una reivindicación territorial, venga de donde venga el cuestionamiento, se es funcional al Estado, se desconoce la historia de la crueldad en la Argentina y, fundamentalmente, se omite el análisis de que la incorporación de toda la Patagonia al Estado argentino significó ciento cuarenta y tres millones de hectáreas repartidas entre empresarios ingleses y la oligarquía que hoy se llama PRO”. 

“Este discurso, además, esconde la defensa acérrima de la propiedad privada en desmedro de la propiedad comunitaria”, señala.

El werken considera que las reivindicaciones territoriales tienen que ver con la necesidad de las comunidades indígenas de tierras aptas y suficientes, y en ese punto menciona el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional.

Cabe recordar que ese fragmento constitucional reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos” y habla de “garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.

Carriqueo sostiene que, más allá de lo que dice la Constitución, las comunidades “se han visto impunemente perjudicadas por acciones del Estado o por empresarios nacionales y extranjeros que les han arrebatado las tierras”.

Asimismo, el referente mapuche se refiere al conflicto de Villa Mascardi y opina: “Existe en el Poder Judicial y en los gobiernos de turno una idea de que las reivindicaciones territoriales son delitos que deben castigarse con la debida cárcel como lo está haciendo impunemente la jueza (Silvina) Domínguez, cuya sentencia destila odio racial y claramente evidencia el viejo discurso del mapuche bueno si es dócil frente a los atropellos y es ‘respetuoso’; cuando sabemos claramente que el significante de esa respetuosidad es no reclamar, no mirar mal a los patrones, agachar la cabeza y, lo fundamental, no osar reclamar un pedazo de tierra”. 

“El concepto de ‘indio amigo-indio enemigo’ es lo que ha regido a lo largo de la corta historia del país, apenas doscientos doce años, la relación del Estado y sus distintos gobiernos con el Pueblo Mapuche-Tehuelche en esta parte del territorio”, reflexiona el werken, para luego añadir: “No es que el Estado y los gobiernos sinceramente reconozcan en los supuestos lazos de amistad alguna reciprocidad humana, este término de ‘amigo’ solo es parte de la conveniencia del momento y es así que quien hoy es ‘amigo’ mañana, si toma conciencia de su identidad e historia, puede ser enemigo peligroso, del orden social, de los poderes, de la convivencia, enemigo del progreso, de la seguridad jurídica y terrorista”.

Así, manifiesta: “Basta la denominación de estatus ‘enemigo’ para que se inicie una operación de prensa, presiones políticas, policiales, judiciales, para deslegitimar cualquier reclamo, ya sea territorial o de aplicación de derecho indígena. A lo que ahora se le suma un escarmiento público producto del racismo imperante”. 

“La actualidad nos muestra un panorama de conflictos por exclusiva responsabilidad de los Estados, quienes, por acción u omisión, nunca han querido resolver los problemas sociales y políticos con las comunidades indígenas. Además de esto, violando todos los derechos humanos, derechos indígenas que dicen respetar, avanzan con una idea de exctractivismo en nuestros territorios para seguir matándonos de a poco. Esto configura claramente la continuación del genocidio”, afirma el representante mapuche.

El texto de Carriqueo finaliza con otra alusión a los planteos de la comunidad Wiritray, defendiendo la posición de la Coordinadora: “Estos últimos años nuestra organización ha sabido pararse frente al Estado y supo acompañar con discusión política todos los conflictos comunitarios de esta provincia. Defendió lo que tiene que defender, a las comunidades de un pueblo preexistente al Estado que demanda el reconocimiento de un genocidio y la reparación en tierras aptas y suficientes. Porque si el Estado no responde a las demandas, los territorios se van a continuar reivindicando, porque son una necesidad para seguir existiendo”.