Faltazos, certificados médicos, problemas de conectividad, un feriado inesperado, amenazas de bombas y una interminable catarata de planteos defensivos obstaculizaron el avance a juicio de la causa que se sigue contra la comunidad Buenuleo por el delito de usurpación. Este lunes, el juez Marcelo Álvarez Melinger volvió a rechazar las peticiones de los defensores y habilitó el pase a juicio del legajo, para lo que las partes presentaron la petición de testimonios que requerirán durante las audiencias de juicio. La audiencia se prolongó por 11 horas y finalmente quedó pendiente de resolución las pruebas que el magistrado admitirá para convocar al juicio a los testigos ofrecidos.

En la previa, el juez Ignacio Gandolfi había rechazado nuevamente los planteos de recusación que intentaron las defensas.

En definitiva, la audiencia que inicialmente era para el Control de Acusación, también versó sobre diversas impugnaciones, planteos de sobreseimiento y más y recién cerca de las 18 horas, más de diez horas del horario en el que fue convocada la actividad judicial, las partes pudieron avanzar en la descripción de los testimonios que citarán para demostrar su teoría del caso durante el desarrollo del juicio oral y público.

Ramiro Buenuleo, Rosa Buenuleo, Lucas Dinamarca, Sandra Ferman, Nahuel Maliqueo, Mauro Millán, Nicolás Quijada y Claudio Raile están acusados de usurpar un predio sobre el que reclaman derechos ancestrales, pero que también es reclamado por Emilio Friedrich, quien había adquirido una parte de los terrenos en disputa, por medio de una cesión de un boleto de compraventa que le hiciera Claudio Thieck.

Todos los nombrados habían sido formalizados de la investigación penal en su contra y luego la decisión fue confirmada cuando en distintas instancias los planteos defensivos fueron rechazados. No obstante, el caso atravesó también un momento de incertidumbre cuando el Tribunal de Impugnación los sobreseyó al considerar atípico el hecho investigado, luego de la Resolución 90/20 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que reconoció "la ocupación actual tradicional y pública de la comunidad con asiento en la provincia de Río Negro respecto de la superficie de tierra en disputa".