La fiscala Betiana Cendón reclamó una pena de doce años de prisión para Angélica Paine, quien había sido declarada autora del crimen. 

La acusación tuvo especial consideración sobre la naturaleza de la acción y el método empleado para cometerla. Además evaluó la extensión del daño causado, considerando que Micaela Bravo tenía 28 años al momento del hecho y dejó tres hijos de 11, 9 y 4. El alegato fue presenciado por los dos hijos mayores.

La fiscalía concluyó que Angélica Paine "no está arrepentida" y apuntó contra su falta de empatía y su actitud apática y fría.

Los jueces Marcos Burgos, Víctor Gangarrossa y Sergio Pichetto escucharon también la posición del querellante Luis Terán Frías, quien coincidió mayoritariamente con el Ministerio Público Fiscal, pero elevó el pedido de pena a quince años de prisión.

El defensor público Marcos Ciciarello bregó por una condena de cuatro años de prisión, apelando a diversos elementos que permitirían la perforación del mínimo que la escala penal estipula. Apeló a la falta de antecedentes negativos y el buen concepto de ella que aportaron desde el entorno directo de Micaela Bravo.

La defensa, apuntó también a un eventual motivo religioso del crimen y en la calidad de los motivos que la habrían llevado a cometerlo, apelando a testimonios que fueron recolectados durante el juicio y que hablan de la tremenda repercusión que había provocado en la congregación religiosa la separación de Micaela con su marido Patricio Vargas y el inicio de su relación con Juan Carlos Colipi, el hijo de Paine.

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También cuestionó la defensa la mención a la falta de arrepentimiento de Paine, al señalar que "no hay arrepentimiento porque Paine es inocente".

El crimen de Micaela Bravo ocurrió el 23 de marzo de 2016 en circunstancias que no pudieron establecerse con precisión. En un fallo unánime los jueces consideraron que todos los indicios presentados por la fiscalía no podían llevar a otro resultado del caso judicial y declararon culpable a Paine. Ahora, tomarán diez días para emitir el veredicto final.

Mientras tanto, considerando que seguramente la defensa apelará la sentencia y ello impedirá que la condena quede firme en lo inmediato, la fiscalía requirió que se sostenga la prohibición de salir del país a la acusada, que tiene familia en Chile y además que deba presentarse periódicamente ante la comisaría 42.