El feriado obligó a suspender de nuevo el Control de Acusación contra la comunidad Buenuleo

La audiencia de Control de Acusación contra los miembros de la comunidad Buenuleo, acusados por usurpación, sumó una nueva postergación. Este viernes estaba programada en la agenda que fija la Oficina Judicial, tras varios intentos frustrados por diversos motivos. Pero tampoco pudo ser. Los hechos de conocimiento público y el feriado nacional decretado por el Poder Ejecutivo de la Nación obligaron a una nueva suspensión.

Con la fecha de vencimiento de plazos apremiando, la Oficina Judicial decidió reprogramarla de inmediato y fijar una nueva audiencia en la agenda del día martes.

En la audiencia de Control de Acusación, los acusadores deben presentar la imputación formal contra los sospechosos y requerir la elevación a juicio del caso, manifestando además la pretensión punitiva provisoria dentro de la cual pretenden moverse a la hora de requerir una eventual condena de los acusados.

La del martes será la quinta convocatoria a un Control de Acusación, pues en anteriores intentos las audiencias debieron suspenderse o desviarse, según los planteos de las partes, quedando trunca la presentación de la acusación y el pedido de elevar el caso al juicio.

Ramiro Buenuleo, Rosa Buenuleo, Lucas Dinamarca, Sandra Ferman, Nahuel Maliqueo, Mauro Millán, Nicolás Quijada y Claudio Raile están acusados de usurpar un predio sobre el que reclaman derechos ancestrales, pero que también es reclamado por Emilio Friedrich, quien había adquirido una parte de los terrenos en disputa, por medio de una cesión de un boleto de compraventa que le hiciera Claudio Thieck.

Todos los nombrados habían sido formalizados de la investigación penal en su contra y luego la decisión fue confirmada cuando en distintas instancias los planteos defensivos fueron rechazados. No obstante, el caso atravesó también un momento de incertidumbre cuando el Tribunal de Impugnación los sobreseyó al considerar atípico el hecho investigado.

En el centro de la escena estuvo también la Resolución 90/20 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que reconoció "la ocupación actual tradicional y pública de la comunidad con asiento en la provincia de Río Negro respecto de la superficie de tierra en disputa". Aunque luego esa resolución fue declarada nula y, más allá de que el Tribunal de Impugnación había considerado que la vía para resolver el conflicto era a través de la Justicia Civil, el caso quedó en condiciones de ser elevado a juicio, aunque el miércoles la fiscalía y la querella no lograron realizar la petición.