El viernes definirán si integrantes de la Comunidad Buenuleo van a juicio

Este viernes podría ser finalmente el día en que se defina si los miembros de la comunidad Buenuleo que están acusados por el delito de usurpación, van a un juicio oral y público. Tras el rechazo a una serie de planteos defensivos, se fijó una nueva fecha de audiencias para el viernes, y las partes podrían presentar la acusación para pedir la elevación a juicio.

Los defensores Fernando Kosovsky, Ezequiel Palavecino y Matías Schraer, en representación de los integrantes de la comunidad Buenuleo habían realizado diversos planteos que fueron rechazados este lunes por el juez Marcelo Álvarez Melinger. Así, se convocó a una nueva audiencia para el viernes, en la que la fiscalía y la querella podrían presentar la acusación y requerir la elevación a juicio del legajo judicial en el que se investiga una presunta usurpación de un predio que la comunidad disputa con un privado.

La del viernes, será la cuarta convocatoria a un Control de Acusación, pues en anteriores intentos las audiencias debieron suspenderse o desviarse, según los planteos de las partes, quedando trunca la presentación de la acusación y el pedido de elevar el caso al juicio.

Ramiro Buenuleo, Rosa Buenuleo, Lucas Dinamarca, Sandra Ferman, Nahuel Maliqueo, Mauro Millán, Nicolás Quijada y Claudio Raile, están acusados de usurpar un predio sobre el que reclaman derechos ancestrales, pero que también es reclamado por Emilio Friedrich, quien había adquirido una parte de los terrenos en disputa, por medio de una cesión de un boleto de compraventa que le hiciera Claudio Thieck.

Todos los nombrados habían sido formalizados de la investigación penal en su contra y luego la decisión fue confirmada cuando en distintas instancias los planteos defensivos fueron rechazados. No obstante, el caso atravesó también un momento de incertidumbre cuando el Tribunal de Impugnación los sobreseyó al considerar atípico el hecho investigado.

En el centro de la escena estuvo también la Resolución 90/20 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que reconoció "la ocupación actual tradicional y pública de la comunidad con asiento en la provincia de Río Negro respecto de la superficie de tierra en disputa". Aunque luego esa resolución fue declarada nula y, más allá de que el Tribunal de Impugnación había considerado que la vía para resolver el conflicto era a través de la Justicia Civil, el caso quedó en condiciones de ser elevado a juicio, aunque el miércoles la fiscalía y la querella no lograron realizar la petición.