La fiscalía pidió el sobreseimiento de César Daniel Vargas, un sujeto que había sido acusado por diversos delitos relacionados a un intento de venta de un terreno que no le pertenecía. Cumplió las pautas que le impusieron que quedó eximido de responsabilidad por el hecho.

Según la acusación que oportunamente se planteó en su contra, el 13 de agosto de 2020, Vargas se presentó en las oficinas de una inmobiliaria de la ciudad, con intención deliberada de vender un departamento, a sabiendas que dicho inmueble pertenece a la empresa Alta Tecnología Sociedad del Estado y sin autorización de ningún tipo de sus titulares registrales, apoderados o poderdantes.

Para lograr su propósito, Vargas presentó un informe de solicitud de asientos vigentes o informe de dominio falso, documento apócrifo que aparentó ser emitido por el Registro de la Propiedad Inmueble, el cual consignaba -falsamente- que el inmueble indicado se encuentra a nombre de César Daniel Vargas y estaba fechado el 20 de julio de 2020.

Según la imputación, el informe señalado resultaba falso en su contenido y también se adulteraron las firmas pertenecientes a la empleada del Registro de la Propiedad Inmueble y al titular de dicha dependencia.

El documento apócrifo fue presentado por Vargas en las oficinas de Trato Directo con la finalidad de poner en venta el inmueble y tuvo consecuencias dañosas, ya que se presentaron interesados en adquirir el inmueble quienes incluso pusieron el dinero a disposición de la empresa Trato Directo.

No obstante, la transacción no pudo realizarse, ya que la empresa Trato Directo solicitó un informe de dominio y verificó el engaño de Vargas. De las constancias del sistema informático que fueron adjuntadas a la denuncia, se desprendió que el propio Vargas había intentado obtener un informe de dominio en el RPI a principios del 2020, pero el resultado fue negativo porque no resultó posible la identificación del inmueble con la información consignada en el formulario de solicitud.

En mayo de 2021, Vargas fue beneficiado con una suspensión del juicio a prueba y superado el plazo establecido, la fiscalía reclamó su sobreseimiento, al verificar que dio cumplimiento a las pautas de conducta impuestas en la audiencia.