Luego de un cuarto intermedio dispuesto días atrás, en la mañana de hoy se reformularon cargos a un hombre investigado por varios delitos contra la integridad sexual cometidos en contra de una niña y además prorrogaron su prisión preventiva hasta la finalización de la investigación que se extenderá por otros dos meses. La madre de una de las víctimas fue sobreseída definitivamente tras ser declarada inimputable, en función de su cuadro de salud mental.

Por pedido de la defensa pública penal a cargo de Nelson Vigueras y la defensora adjunta Yamile Saidt, y contando además con el consentimiento del fiscal Martín Govetto, se dispuso el sobreseimiento definitivo de una mujer, luego de ser declarada inimputable. Se trata de la madre de la propia víctima, a quien sometieron a una pericia psiquiátrica que determinó que no tiene aptitud para comprender y dirigir sus actos. Describieron las partes sus antecedentes como paciente de salud mental y su historia personal, poniendo especial énfasis en el vínculo que la mujer tenía con el acusado y cómo este la manipuló para colocarla en una situación de cierta aceptación discriminada y automática respecto de la influencia sobre su persona y sus actos.

Según señaló Govetto al compartir los argumentos defensivos, el caso bajo tratamiento resultaba técnicamente muy complejo por la gravedad de los hechos relatados y advirtió que “la valoración del caso de la fiscalía se modificó, pues se sumó a la perspectiva de discapacidad, la condición de víctima de violencia de género y manipulación ejercida por el acusado".

En el caso del padrastro de la niña victimizada, en tanto, la fiscalía reformuló los cargos que inicialmente le había atribuido y amplió la acusación que había presentado en el mes de abril.

La acusación señaló que “los eventos investigados pueden establecerse en el mes de diciembre de 2021, en esta ciudad, donde comenzó a vincularse con la menor y habría cometido diversos delitos contra la integridad sexual de forma digital. Se le atribuyó además lo sucedido en el mes de febrero en un espacio de esparcimiento, en donde perpetró un hecho de abuso sexual con acceso carnal”.

El juez Juan Pablo Laurence aceptó la reformulación de cargos que planteó la fiscalía y en definitiva oficializó la investigación bajo las figuras de grooming -acoso cibernético-; suministro de material pornográfico a una menor agravado por la edad; promoción y facilitación a la corrupción de una menor de edad, agravada por la edad; abuso sexual con acceso carnal, todos ellos en carácter de autor; además del delito de producción y distribución de imágenes de una niña con fines predominantemente sexuales, en calidad de partícipe necesario.

Además, el magistrado aceptó la petición fiscal y prorrogó la prisión preventiva hasta la finalización de la investigación preliminar o hasta la efectiva realización de la audiencia de control de acusación, que debería realizarse en un plazo de dos meses.

El magistrado consideró que el riesgo procesal que inicialmente había motivado la prisión preventiva se encuentra aún vigente, pues persiste el riesgo de entorpecimiento a la investigación -debido a la manipulación ejercida por el acusado y la naturaleza de los hechos- sumado a la extrema vulnerabilidad de las víctimas.

Además, Laurence, decretó la continuidad de la medida de prohibición de utilización de cualquier dispositivo o el acceso a medios digitales por parte del acusado