La jueza Romina Martini dispuso en mayo pasado la absolución de Jorge Luis Olguín Rojas, quien había sido acusado por una defraudación superior a los 500 mil pesos dentro del Colegio Médico de Bariloche. Ahora el fiscal Gerardo Miranda y el querellante Raúl Ochoa impugnaron la sentencia, que tacharon de arbitraria y errónea y pidieron la condena del imputado o subsidiariamente que se anule el fallo y se ordene la realización de un nuevo juicio.

En su fallo del mes de mayo, la jueza Martini había considerado que no se probó más allá de toda duda razonable la teoría de la acusación y advirtió que existió un desprolijo manejo de los préstamos que la entidad le daba a sus empleados. Jorge Luis Olguín Rojas (45), había sido acusado por el fiscal Gerardo Miranda de haber perpetrado una defraudación cercana al medio millón de pesos, contra el Colegio Médico de Bariloche, del que era jefe administrativo.

Según la acusación, Olguín Rojas ordenó realizar, a cuentas de su propiedad dieciséis transferencias, con la finalidad de obtener y/o procurar para sí un provecho económico. Entre el 24 de noviembre de 2017 y el 25 de julio de 2019, Olguín Rojas “se aprovechó del cargo que ostentaba” y le ordenó a un empleado administrativo que hiciera 15 transferencias desde la cuenta del Colegio Médico a su cuenta bancaria y repitió un hecho de las mismas características con otro empleado.

La posición del abogado querellante, Raúl Ochoa, fue en el mismo sentido que lo señalado por la fiscalía. Añadió el querellante que Olguín tiene una demanda de 9 millones contra el Colegio Médico por el despido.

Pero el defensor particular Sebastián Arrondo, había defendido férreamente la inocencia del acusado y reclamó la absolución, destacando que en realidad cada una de las transferencias obedecían a un préstamo que la entidad era habitual que entregue a sus empleados para atender situaciones de emergencia.

Con la absolución consumada, los acusadores recurrieron al Tribunal de Impugnación de la provincia pidiendo que se condene a Olguín Rojas en función de una serie de defectos que señalaron en la sentencia, aunque subsidiariamente reclamaron que se anule el fallo y se ordene la realización de un nuevo juicio.

Tras la posición de los acusadores el Tribunal dispuso un cuarto intermedio en función de diversas dificultades que atravesó la audiencia realizada por Zoom, con continuidad pronta pero aún indefinida. Cuando la Oficina Judicial reprograme la continuidad de la audiencia, los jueces que integran el Tribunal escucharán la posición del defensor.