A solas con Carriqueo: perfil y voz de un hombre político

Orlando Carriqueo abre la puerta de la Ruka (Casa) Mapuche de Bariloche e invita a pasar.

Es el werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro.

Ocupa ese lugar de portavoz desde 2017.

“Es un rol en el que me siento cómodo”, dice. “Poseo la capacidad de explicar, discutir, tensionar la historia oficial que siempre nos invisibiliza.”

Tiene cincuenta años, y tres hijas. 

Incluso es abuelo –su nieta se llama Úrsula–.

Divorciado de la madre de sus hijas, hoy vive con una nueva pareja.

Al hacer un análisis del tiempo que lleva al frente de la Coordinadora del Parlamento, señala: “La organización tiene cuarenta años, pero en los últimos cuatro o cinco hemos impulsado la discusión política fuertemente, en beneficio de las comunidades”.

Un hecho trágico –la muerte de Rafael Nahuel–, junto a un contexto de lucha por reivindicaciones a lo largo del continente –desde México, donde años antes había emergido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, poniendo en evidencia lo que sucedía sobre todo en la zona de Chiapas, con los indígenas que hacía tiempo vivían condenados al ostracismo, hasta Bolivia, país en el que llegó a la presidencia un miembro de la raza aymara–, derivó en un ambiente que propició un llamado de atención sobre lo que pasaba en esta parte del mundo con los pueblos originarios.

Así, una figura a la que antes, en la sociedad en general, no se le prestaba atención –¿quién, a menos que fuera mapuche, e incluso siéndolo pero sin estar imbuido en la temática, sabía qué persona era werken de la organización?– comenzó a tomar relevancia.

En la actualidad, Orlando Carriqueo es un hombre que ocupa un sitio importante en la política provincial, e incluso nacional.

Se puede estar de acuerdo o no con él, pero no ignorarlo.

De joven deseaba estudiar Derecho, pero, más allá de que la universidad fuera gratuita, no podía “bancarse” los gastos que acarreaba.

Fue diariero, carnicero, repartidor, trabajador de un club nocturno, vendedor de condimentos y obrero en una metalúrgica. Ahora es empleado de ANSES, aunque está con licencia desde el año pasado.

“Nací en Valcheta, y desde los doce años vivo en Fiske Menuco (como llaman los mapuches a General Roca)”, cuenta.

Relaciona su papel como cara visible del Parlamento con una forma de ser: “Siempre tuve una actitud de mucha participación en todos los ámbitos colectivos, desde la comisión de padres de mis hijos en la escuela hasta en entidades barriales. Participé en organizaciones sociales y gremiales, soy afiliado a ATE (Asociación Trabajadores del Estado), fui delegado, soy parte de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) como referente de los pueblos originarios... Creo que todo eso responde a un ejemplo paterno: mi papá intervenía en cooperativas, comisiones…”.

Expresa que su voluntad participativa incluso ya se veía reflejada en el secundario, cuando era presidente del centro de estudiantes.

Curiosamente, alguien que está en las antípodas de su pensamiento, el legislador provincial Juan Martín, de Juntos por el Cambio, ocupaba el mismo puesto en otro turno.

Juan Martín

“Yo era el presidente del centro de estudiantes de la tarde, y él lo era del de la mañana, en el Colegio N° 16 de General Roca… Nos conocemos mucho”, indica Juan Martín.

“En aquel momento, para todos, él era Javier”, apunta el representante legislativo, en relación al otro nombre de Carriqueo, sobre quien dice observar “una sobreactuación total”. En tal sentido, afirma: “Dudo de sus sentimientos mapuches”.

El werken, más allá de esos comentarios, al referirse al sufrimiento que atravesó el pueblo que representa, menciona como ejemplo a su mamá, que, cuando iba a la escuela, si decía alguna palabra en mapudungun (el idioma mapuche), era colocada en penitencia y debía permanecer arrodillada sobre piedra o maíz durante al menos media hora.

Y si se va más atrás en el tiempo, invariablemente, la cuestión deriva en las muertes que implicó la Conquista del Desierto, y la violencia que luego continuó. 

Hoy, Carriqueo habla de la necesidad de “un diálogo franco, con un reconocimiento de la historia”.

“Parece que nos ven como inferiores, y se niegan a conversar con nosotros. Es como si los pobres solo pudiéramos pedir limosna, pero cuando exigimos reconocimientos de derechos somos considerados desde violentos hasta terroristas”, apunta.

En tal sentido, indica que se precisa “que la estigmatización no sea parte de las relaciones”.

A Orlando, lo primero que le hizo saber que había quienes lo miraban raro vino en la etapa escolar. “Mi papá hoy tendría noventa y pico de años. Un día llegué llorando de la escuela, y él preguntó qué me pasaba. Le contesté que los otros chicos me decían indio en forma despectiva y se reían de mi apellido. Ahí me dijo una frase que me quedó grabada: ‘Mucha gente murió para que vos puedas tener ese apellido’”, recuerda.

En los próximos días, Carriqueo sabrá si seguirá o no como werken del Parlamento. En ese contexto, es que conversamos en la Ruka Mapuche.

Al momento se sentarnos frente a frente, menciono que el fin de semana se realizó la trigésima sexta edición de la Expo Rural de Bariloche, donde, por un lado, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, citó –tal como lo había hecho días atrás en una visita a INVAP– el próximo envío a la Legislatura de un proyecto que incluirá la cuestión de la entrega de títulos comunitarios, pero, por otra parte, dirigentes del campo ofrecieron un discurso fuerte contra situaciones relacionadas con el Ejecutivo nacional y la problemática mapuche. “Reparten y adjudican tierras fiscales y ajenas a encapuchados y violentos”, dijo el vicepresidente de la Sociedad Rural local, Leandro Ballerini, mientras que el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Gabriel De Raedemaeker, sostuvo: “Somos respetuosos de los derechos ancestrales de los pueblos originarios, pero no podemos quedarnos mirando pasivamente ante avivadas de aquellos que, disfrazados como tales, van por la toma de tierras, ante la mirada para otro lado del Gobierno nacional, que, en algunos casos, hasta pareciera incentivar ese tipo de acciones”.

El ida y vuelta con Carriqueo, entonces, empieza por ese tema:

–¿Qué sintió ante las palabras de los dirigentes del sector rural?

–El discurso es lógico, porque tienen parte de la responsabilidad en la apropiación de los territorios. Ellos lo saben, lo tienen claro. Cuando hablan de que el Estado nacional entrega tierras a los encapuchados, primero hay que decir que el Estado nacional no ha reparado nada. Si estamos hablando del conflicto de la Lafken Winkul Mapu (asentada en Villa Mascardi, en una situación permanente de violencia latente), eso no está resuelto. La semana pasada hubo una audiencia en la Cámara Federal de Roca, a la que fueron algunos integrantes de la comunidad, y Parques Nacionales tuvo la misma postura que al inicio, que es lo que ha hecho históricamente: correr a la gente del territorio. Desde que nació, se habló del cuidado de la tierra, de la flora y la fauna, pero sin gente. Vemos a un ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Juan Cabandié) bastante racista, que no tiene la capacidad de entender el proceso político que se vive. Porque el conflicto de las comunidades mapuches con el Estado es un conflicto político y social.

Juan Cabandié

–¿Considera, entonces, que Cabandié es racista?

–Sí, es racista. A pesar de haber sufrido la pérdida de identidad, y de haber tenido el derecho a recobrarla, no ve con buenos ojos que el pueblo mapuche recobre el suyo, que también significa juntarse y exigir el territorio. No se está pidiendo que se devuelva Bahía Blanca, Carhué, Azul, toda la Patagonia… Apenas se están solicitando unas pocas hectáreas. La comunidad Nahuelpan fue corrida en la zona de Chubut en la Década Infame (nombre con el que se conoce el período que se inició con el golpe de Estado a Hipólito Yrigoyen en 1930), con la Gendarmería, por orden de la Sociedad Rural, la misma que ofrece ese discurso, porque tiene las manos manchadas, y conoce la historia de violencia que utilizó para ocupar la posición actual.

–Ve a ese sector como parte del segmento que desplazó a los pueblos originarios…

–Sí, y ya con el Estado constituido. La Década Infame empezó en 1930…

–Cuando se establecen los grandes terratenientes…

–Los grandes terratenientes se crean tras la Campaña del Desierto…

–Pero me refiero a que luego tomaron identidad política…

–Sí, y hasta hoy tienen un peso en la construcción de las políticas en la Argentina, condicionan a cualquier Gobierno. Mientras el Estado argentino no discuta un genocidio, va a ser muy difícil plantear que se lo haga socialmente. La tierra es un problema que atraviesa a la sociedad. De los Gobiernos peronistas que llegaron tras la vuelta de la democracia ninguno planteó retornar a la Constitución del 49, que hablaba de la función social de la tierra, más allá de que el peronismo impulsó una transformación histórica, porque cambió la discusión identitaria por la de clases. Eso es algo que no pasó en el resto de Latinoamérica, por eso otros países tienen mayor capacidad de cambio. Cuando se sancionó el Estatuto del Peón Rural (medida que, en realidad se tomó en 1944, durante la presidencia de Edelmiro Farrell, pero que fue propuesta para su aprobación por Perón, que en ese momento se desempeñaba como secretario de Trabajo y Previsión), aquellos indígenas que eran cuasi esclavos –de las forestales, de los campos– empezaron a tener derechos, entonces se pasaron a la discusión de clases.

–Por un lado, se planteó un tema necesario, pero por otro…

–Se cercenó una discusión que plantearía otro tipo de sociedad. Cristina Fernández, Mauricio Macri, todos dicen que vinimos de Europa, y creo que no hay nada más alejado de la realidad en la Argentina.

–De esa manera, entonces, quedó desplazada incluso una discusión étnica.

–Es que la identidad tiene que ver con lo étnico. ¿Qué fue el 17 de octubre? ¿Quiénes eran los cabecitas negras que llegaron a defender a Perón?

–¿Cuánto indígenas había entre ellos?

–Todos eran indígenas. Porque se produjo un nuevo proceso social de migración y construcción de un Estado, donde esa gente se traslada desde el campo y construye ciudades, se sindicaliza, es una clase trabajadora, y ya no habla de su identidad.

–De alguna manera, incluso se puede decir que muchos abandonaron su propia tierra.

–Fueron convocados a las ciudades y no volvieron al territorio, y los que se quedaron en él también sufrieron. Hay que recordar, por ejemplo, que durante el peronismo se llevó adelante la matanza en Rincón Bomba, con más de tres mil quinientos indígenas asesinados por la Gendarmería (el hecho sucedió en Formosa, en aquel momento Territorio Nacional, donde los gendarmes contaron con el apoyo de la Fuerza Aérea; las cifras que en general se citan, en relación a las víctimas, son menores a la que indica Carriqueo, pero la masacre existió, se trató de una barbarie, donde, por temor a la supuesta probabilidad de “un ataque indígena”, algo impensado si se tiene en cuenta el estado famélico de esas personas que habían quedado marginas de la consideración oficial, cientos de miembros del pueblo pilagá fueron asesinados y desaparecidos, ante el silencio de Perón). Todavía algunas cosas de lo que sucedió aquella vez no salieron a la luz. Pero los hechos históricos están relacionados. El mismo Perón era hijo de una mujer tehuelche y se atendía con una machi en Cerro Negro, Chubut (la referencia es a María Epul de Cañuqueo, quien incluso se dice que, al ser consultada, dijo que era demasiado tarde para curar el cáncer de Evita). Estamos hablando de cuestiones que pasaron alrededor de 1950. No es tanto tiempo atrás, y el proceso identitario renació a partir de la década del ochenta, cuando en Latinoamérica la mayoría de las organizaciones de los pueblos indígenas reclamaban porque estaban por cumplirse los quinientos años (de la llegada de Cristóbal Colón a América, el 12 de octubre de 1942); mientras España venía a festejar aquello, nosotros requeríamos el reconocimiento de lo que había sucedido. Hoy aquella discusión se ha saldado, pero en aquel momento era decir: “Estamos acá”.

–En la Argentina en particular, en comparación a varios países americanos, pareciera que la discusión por el territorio llegó varios años después…

–En realidad, esa discusión ya se venía dando. En 1920, mientras estaba la Liga Patriótica (grupo político no partidario que promovía un nacionalismo de derecha, relacionado con la represión en los acontecimientos de lo que se recuerda como la Patagonia Rebelde, y también vinculado al golpe de Estado de 1930 que derrocó a Hipólito Yrigoyen), existía la Liga Indígena, que reclamaba. Después, durante el gobierno de Perón, hubo delegados indígenas que, desde todo el país, iban a demandarle al presidente –porque estos todavía eran territorios nacionales–, o, en realidad, veían a Ángel Saturnino Taboada (quien encabezaba la Dirección de Protección al Aborigen, dependiente de la Secretaría de Trabajo y Previsión); existen crónicas donde se habla de que él daba esperanza de resolver el tema. Por eso muchos indígenas tuvieron expectativas con aquel Gobierno, ya que se hacía referencia a la devolución de la tierra. Y lo que se sancionó en la Constitución de 1949 estaba relacionado, por eso de “la función social de la tierra”, pero la cuestión nunca se terminó de reparar.

–En realidad, a lo que apuntaba con mi pregunta es a que, en el país, recién ahora se visibiliza esta situación…

–Sí, la lucha ha sido constante, pero hoy es visible, porque está en discusión no solo el territorio, sino un proceso identitario.

–¿Qué le parece la apelación del Ejército en la situación de la comunidad Millalonco Ranquehue (ante la decisión judicial que fijó un plazo para entregar títulos que acrediten la titularidad de parte del predio que hasta ahora estaba a su cargo)?

–Ahí se ven las contradicciones de un Gobierno que se dice nacional y popular, donde lo que tiene que resolver no lo resuelve. ¿Por qué no lo hace? Porque no tiene capacidad política de dar una discusión social. Está muy mal que apele, porque así no va a resolver nunca el conflicto, en un proceso que viven seis comunidades, porque no es solo la Millalonco Ranquehue –están la lof Carriqueo, Quijada, Tambo Báez, Huala We y Trypay Antu, que tienen un fallo similar de 2017, que también fue apelado, pero por el Gobierno de Macri–.

–Muchos identifican a la lucha actual del pueblo mapuche, e incluso particularmente al Parlamento, con el Gobierno nacional.

–Nosotros hemos tenido la capacidad política de construir una agenda con el Gobierno nacional. Tenemos diálogo, pero hoy eso no funciona, no sirve, no hay decisión política, y tiene que ver con la tibieza de los gobernantes, con la incapacidad política de plantear cosas que hasta podrían ayudar para dar otras discusiones. Hasta que no llegue un Gobierno indígena, con la construcción de un mecanismo político de los pueblos, o un Gobierno que se plantee reconocer el genocidio, no va a haber cambios en la discusión territorial, la cual tiene un abanico de implicancias en lo económico, lo político y lo social.

–A lo que voy es que muchos ven al macrismo por un lado, el kirchnerismo por otro, e identifican al pueblo mapuche con este último.

–No… Más allá de las preferencias de cada uno a la hora de votar y elegir, nosotros no vamos a defender al Gobierno, porque es responsable. Por ejemplo, el ministro de Ambiente no quiere solucionar el problema de la Lafken Winkul. Si se analiza cuántos millones de hectáreas se agregaron al Estado nacional con la incorporación de la Patagonia, del río Salado para abajo, y hoy se actúa así ante una comunidad que pide una mínima parte, que es algo que figura en la Constitución… Después se discutirá el modo, pero lo cierto es que si yo voy a Parques Nacionales y presento una nota solicitando un pedazo de tierra porque soy indígena, o tengo una lof, ¿te pensás que me lo van a dar? El Estado tiene una deuda histórica, cómo no va a poder resolver lo que tiene que ver con veinte o treinta hectáreas, las cuales ni siquiera conforman una unidad productiva, que sería de seiscientas veinticinco.

–En Villa Mascardi, para usted, ¿cuál sería la solución?

–Que Parques Nacionales si tiene que expropiar lo haga… ¿Cómo llegaron esos particulares ahí? ¿Por qué ellos tienen derechos y una comunidad no? ¿Porque pagan? ¿Y la deuda histórica que hay con un pueblo? ¿Porque usan capucha no son mapuches? Eso es desconocer el marco político en el cual se dan las discusiones indígenas. En Centroamérica y México, cuando se produjeron los conflictos más importantes en la década del noventa, todos usaban capucha, ¿y por qué lo hacían? El lema era: “Nos tapamos la cara para ser visibles”. Se trata de un mecanismo político de discusión. Sobre todo cuando mostrar tu rostro implica la persecución policial, judicial y hasta social… Entender esos procesos significa también tener calidad de estadista.

Villa Mascardi

–Entonces, para usted, ¿la solución sería entregar las tierras?

–Sí. No sé cómo será lo de Gas del Estado, creo que se tendría que expropiar, y en lo que hace a la parte de la Iglesia, la institución hasta tendría que donarla, porque la Iglesia Católica es la responsable también de la Campaña del Desierto.

–Más allá de la discusión de fondo, donde se puede estar de acuerdo o no, sabe que el problema es la violencia que se generó en ese lugar.

–Lo de la violencia es una construcción, más allá de los modos que han tenido de expresarse… Cortar la ruta podría decirse que es violento, pero el corte de ruta en la Argentina nació en la Patagonia, en Cutral Co, con una población mayormente indígena, durante una pueblada (la referencia es a lo que sucedió en junio de 1996, cuando vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul organizaron piquetes y bloquearon los caminos que pasan por esas ciudades, en reclamo de trabajo, ante una enorme desocupación nacida a partir del proceso privatizador de aquel entonces). Hay que identificar a esas cuestiones sociales con la raíz indígena. En lo que fue la Patagonia Rebelde (como se recuerda a lo que ocurrió entre 1920 y 1922, con obreros que comenzaron a realizar distintas medidas de fuerza, lo que derivó en una cruenta represión que incluyó una cantidad nunca aclarada de fusilamientos), no hubo sólo cien o doscientos inmigrantes anarquistas que fusilaron, sino más de tres mil quinientas personas, la mayoría indígenas. Los procesos políticos están ligados a una identidad. Esos movimientos contestatarios tienen la posibilidad de generar un hecho disruptivo frente al Estado, y también lo hacen ante la sociedad, que a veces es la que condena y no permite el diálogo y la apertura. En cuanto a Villa Mascardi, el único muerto es de la comunidad (Rafael Nahuel, fallecido el 25 de noviembre de 2017), y eso no está resuelto, a pesar de que fue una bala de la Prefectura la que lo mató por la espalda, pero no hay condenados, y la comunidad sigue en el territorio, en reclamo de un reconocimiento. El Gobierno no se anima a dar ciertos pasos en algunos temas porque no cuenta con el apoyo social, porque mide las encuestas… pero Bariloche tiene la realidad de un discurso que desconoce la presencia indígena en Bariloche, a pesar de los hechos contundentes que existen, no solo arqueológicos, sino históricos.

–¿Qué sabe del proyecto de la gobernadora, en relación a la entrega de títulos comunitarios?

–Lo único que tuve de adelanto fue cuando ella mantuvo la reunión con Pimentel (Pablo, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Mataza, y referente de la entidad a nivel nacional), en diciembre, por la situación de la lof Quemquemtreu. En ese momento, la gobernadora no me recibió. Esa vez estuve con el ministro de Gobierno y Comunidad provincial, Rodrigo Buteler, que dijo que entregarían títulos de tierra a las comunidades que están relevadas, que se iba a regularizar. Yo le contesté que me parecía bien que lo hicieran con todas las comunidades relevadas, pero él aclaró que no sería con todas… Ahí ya se ve una diferencia. ¿Cuáles son las que van a entregar? Por ejemplo, las que no tienen que expropiar nada, pero hay muchas cuyo relevamiento implica una pérdida de territorio que el Estado tendría que resolver. Existen muchas en esa situación, y eso no lo quieren tocar. Por lo tanto, será para unos pocos privilegiados… Resolver el problema territorial implica también solucionar un proceso de denuncias que nosotros pensamos impulsar cuando termine el Parlamento. Los consejeros indígenas, según la ley provincial 2287, están facultados para tomar denuncias sobre títulos de tierra.

–¿Usted iba a ser parte de ese encuentro de Carreras y Pimentel?

–Sí, pero ella no me recibió. Dejó pasar solo a Pimentel, porque yo había sido muy crítico de su Gobierno, y decía que tenía cuestiones personales en su contra. Solo la vi tres veces, dos cuando vinieron a la región las entonces ministras (de Seguridad, Sabina Frederic, y de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo), y antes, el 8 de enero de 2020, cuando apenas había asumido como gobernadora, que le planteamos una agenda de trabajo y un acuerdo de cinco puntos, de los cuales, en estos dos años, no se cumplió ninguno. Se había pedido un fondo de desarrollo para las comunidades, el relevamiento de la Ley 26.160, títulos comunitarios… El Gobierno se había comprometido en avanzar, pero todo está en veremos.

–¿Pero, en definitiva, tiene algo personal contra la gobernadora?

–No. Sí quizá en lo político. Hay una idea de que la decisión política que tenemos en el Parlamento es solo personal, y no es así, se trata de un posicionamiento de muchas comunidades.

–Más allá de que considera que este proyecto del que se habla será para pocos, ¿no lo ve como un gesto de la gobernadora por intentar poner paños fríos sobre una situación que se estaba exacerbando?

–Sí, pero desde una perspectiva mucho más beneficiosa para la mirada del Gobierno que para la de las comunidades. Valoro que se entregue un título comunitario, pero mi responsabilidad es que si hay sesenta y cuatro carpetas terminadas, con el relevamiento territorial, se les dé a todas, no solo a las cercanas al Gobierno, mientras otras quedan esperando.

–¿Cree que es factible que se produzca una vía de diálogo con la gobernadora?

–Nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo. Desde la Coordinadora, y personalmente, hemos apostado a eso, pero con fundamento histórico y un reclamo. Hay que tener mucha más voluntad política para resolver la situación, así como para entender que el requerimiento no es del werken del Parlamento: yo llevo la palabra de las demandas que se han ido construyendo en estos cuarenta años de la organización. El diálogo es necesario, de lo contrario no podemos solucionar nada. En la Argentina, se debe reconocer el genocidio, y, a partir de ahí, abrir un debate social que lleve a tener una perspectiva distinta de la historia, y del problema territorial en el que estamos inmersos como sociedad. No puede ser que se siga extranjerizando la tierra a costa de las comunidades… Y eso, por supuesto, es un problema político del país. Tiene que existir un camino de discusión social para poder resolverlo, de acá a veinte, treinta o cuarenta años, porque las sociedades van cambiando, que es lo que está sucediendo en Latinoamérica, y la Argentina no vive en otro mundo, contamos con los mismos problemas sociales, económicos e incluso de cambio climático, que es un tema que también debemos empezar a discutir…

–Bueno, ahí coincide con la gobernadora, ella habla permanentemente de eso.

–Sí… –ríe–. Coincidimos en el diagnóstico; la diferencia es en relación a cuáles son las soluciones.