El Tribunal de Impugnación de la provincia rechazó el recurso de impugnación ordinario que intentó la defensa de un hombre al que le impusieron la prisión preventiva mientras transcurren las instancias de apelación y en consecuencia la sentencia adquiere firmeza.

Algunas semanas atrás, los jueces Bernardo Campana, Gregor Joos y Marcelo Álvarez Melinger habían ordenado la prisión preventiva del sujeto, independientemente de que la condena que le impusieron aún no está firme porque a la defensa le quedan varias instancias recursivas por delante. Ante ello el defensor particular Sebastián Arrondo, ensayó un recurso de impugnación ordinario que fue rechazado por el Tribunal de Impugnación.

En concreto, el pasado 2 de diciembre los jueces de juicio resolvieron disponer la prisión preventiva de J.I.G. hasta tanto se agote toda la vía recursiva que podría llevar adelante la defensa, a la vez que rechazó la solicitud de prisión domiciliaria, ordenando que el imputado cumpla la medida en el Establecimiento Penal 3 u otra dependencia que se disponga.

Para la defensa, los argumentos para detener al sujeto, que resultó condenado por delitos de índole sexual, eran meras “especulaciones, y no cuestiones concretas”, porque según señaló “el fiscal desarrolló motivos en base a lo que haría el hombre medio, el hombre normal, que al tener una pena de muchos años como en este caso, inevitablemente se fugaría”.

La defensa cuestionó que la sentencia no está firme y que su asistido siempre estuvo a derecho, tiene arraigo, familia y trabajo y aseguró que “el hecho del monto importante de pena que no desconoce, no puede servir de por sí como único fundamento” para sostener el encarcelamiento, pues “deben existir causas ciertas, concretas y claras en orden a que el imputado va a eludir el accionar de la justicia”.

Los jueces del Tribunal de Impugnación señalaron: “Coincidimos con el defensor en que la sentencia no está firme pero coincidimos fundamentalmente con la fiscalía en el hecho de que si bien no está firme, cuenta con el doble conforme constitucional y convencional”.

El protagonista del caso había sido condenado a la pena de 14 años de prisión tras acreditarse la autoría de una serie de hechos de abuso sexual y la sentencia ya fue revisada en una instancia por el propio Tribunal de Impugnación, resultando confirmada.