La jueza de Ejecución Penal Sandra Ragusa emitió una resolución en la que ordenó al Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Río Negro completar una pluralidad de medidas tendientes a sanear la compleja situación de hacinamiento y las pobrísimas condiciones edilicias del Penal 3. La medida fija fechas y plazos precisos, bajo apercibimiento de remitir las actuaciones a la fiscalía, para iniciar investigaciones penales.

La resolución de la jueza Sandra Ragusa tiene varios puntos específicos, siendo los primeros cuatro directamente dirigidos al Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro. El primero es la orden para que realice las obras que permitan habilitar en condiciones idóneas para alojar personas la celda número 1 hall y la celda número 24 del Establecimiento Penal 3; fijando como plazo el día 5 de enero de 2022 para que las obras estén terminadas.

El punto dos tiene que ver con la concreción de una obra en el sistema de electricidad del Penal consistente en: incorporar tableros secundarios de cortes parciales, cada cuatro o cada ocho celdas, con una adecuada seguridad en tomas y circuitos. Tales obras deberán estar terminadas el día 25 de enero de 2022, como plazo máximo.

El punto tres refiere a la obligación de adquirir e instalar un termotanque de entidad y condiciones que deberá consultar con el técnico del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia, que deberá estar funcionando como plazo máximo el día 25 de enero de 2022.

El punto cuatro obliga al Ministerio a realizar operaciones de mantenimiento de los conductos de calefacción del Penal 3, lo que deberá estar terminado el día 5 de enero de 2022 y mantenerse en el tiempo conforme sea necesario.

Además, la jueza Ragusa ratificó en su pronunciamiento lo resuelto en el punto tres de la sentencia 1/21, en la que se ordenó un cupo mínimo provisorio cuyo plazo se prorrogó en el presente hasta el mes de febrero de 2022 y, finalmente, hacer saber a las autoridades del Penal y al director del Servicio Penitenciario provincial, que en la celda 1 hall no podrán alojarse más de ocho internos.

Finalmente, y de manera provisoria, hasta tanto se determine el cupo de habitabilidad por celda de manera actualizada y con exactitud derivada de procedimientos técnicos con las obras que se han ordenado en el presente, la jueza resolvió que no podrá excederse la ocupación que determina la razonabilidad, en el caso: en pabellones 1 y 2 cuatro personas por cada celda, en celda 19 un máximo de ocho personas; en celda 18 un máximo de cinco personas y en celda 20 un máximo de ocho personas.

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Al respecto la jueza recordó que en agosto de este año había dictado la sentencia 1/21, en la que se había ordenado a la dirección del Servicio Penitenciario la realización de las obras que ha dictaminado como necesarias el Ministerio de Obras y Servicios Públicos mediante informe pericial.

En otro sentido, destacó ser “testigo permanente de los enormes esfuerzos que se realizan desde la Dirección del EEP número 3 para dar cumplimiento a esta orden, pero, como ya dije al emitirla, la situación excede por completo la buena predisposición del personal. Al problema edilicio y de cupo se adunan los múltiples problemas de convivencia de los internos, que en el día a día no es un problema menor. También suceden a diario episodios en los que cierto sector de los internos destruyen las instalaciones. Se llega así a situaciones extremas como la acontecida el día 5 de noviembre del corriente en la celda 1 hall”.

La jueza Ragusa repasó que mantuvo una serie de encuentros con la ministra de Seguridad y Justicia Betiana Minor y con el delegado de la Zona Andina Sacchetti y que ambos se comprometieron a trabajar con urgencia en las obras imprescindibles que dejaran la celda 1 y la 24 en condiciones, pero “entiendo no han respetado” el compromiso, concluyó la jueza y disparó: “Entiendo agotadas las conversaciones en relación a estas dos celdas y considero que la situación informada es, por lo menos, inadmisible”.

En tal sentido, la magistrada se apoyó en el dictamen del fiscal Guillermo Lista, que El Cordillerano publicó en la víspera, en el que se hace mención a que “a poco de culminar el año, persistiendo las excusas y prolongando en el tiempo la solución tan ansiada, ha llegado el momento de exigir las respuestas esperadas en un corto plazo, sin admitir más dilación. Es por ello, que solicito de V.S. se sirva adoptar todas las medidas a su alcance propias de su investidura, sea formulando las denuncias para su correspondiente tratamiento y/o investigación ante el fuero penal, como así también que de aquí en más las sucesivas intimaciones ante la autoridad competente, –urgiendo las soluciones que se requieren sin más postergaciones–, sean formuladas bajo apercibimento de ley”.

En esa línea, subrayó: “Dispondré que todas las obligaciones que pondré a cargo del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia en la presente resolución son bajo apercibimiento de, en caso de no cumplirse en el plazo ordenado, correr vista al fiscal titular de la Fiscalía de Admisiones, a fines que estime pertinentes”.