El Tribunal Oral en lo Federal Criminal de General Roca, dictó sentencia en un expediente en el que se investigaba la participación de más de quince personas en el comercio de estupefacientes en el Alto Valle rionegrino. Diez fueron condenados y otros cinco resultaron absueltos por el beneficio de la duda. Les habían secuestrado importantes cantidades de droga, dinero y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.

Leandro Omar Lefian, fue condenado como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y recibió una pena de cinco años y tres meses de prisión. Pero como ya registraba una condena anterior, a prisión en suspenso, se unificaron las condenas en la pena única de seis años de prisión.

Juan David Vargas, fue condenado como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, imponiéndole la pena de cuatro años.

Cecilia Antonella Bayón y Lorena Paola Navarro, fueron consideradas coautoras del delito de facilitación de un lugar para la guarda de estupefacientes destinados a la comercialización y condenadas a tres años de prisión en suspenso. En el caso de Navarro registraba una condena previa, por lo que tras un proceso de unificación se le impuso la pena única de tres años de prisión efectiva.

Mirta Beatríz Prado fue condenada por tenencia simple de estupefacientes y le impusieron una pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional. Por el mismo delito resultaron condenados Sergio Andrés Vargas, Alfredo Ernesto Yanca y Fabian Pablo Carrillo, aunque a un año de prisión en suspenso. Por el mismo delito y con la misma condena quedó Jorge Julián Valdéz, aunque como registraba un antecedente condenatorio, tras la unificación quedó con una pena única de tres años de ejecución condicional. Lo mismo corre para Jeremías Isaac González, quien registraba un antecedente condenatorio y tras la unificación deberá purgar con un año de prisión de cumplimiento efectivo.

Finalmente, la sentencia dispuso el sobreseimiento total y definitivo de Tania Inés Navarro, José Luis Campos, Yamila Belén Acosta, Maximiliano Daniel Guiñez y Mauro Nicolás Otero.

Como parte de la sentencia que homologó un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la fiscalía, las defensas y los acusados, se ordenó el decomiso y destrucción de más de 8,5 kilos de cocaína y unos 300 gramos de marihuana. Pero además, como parte de los numerosos procedimientos judiciales desplegados en la causa, logró confiscarse más de un millón y medio de pesos, numerosos equipos de telefonía celular y otros dispositivos de comunicación tipo handies, balanzas, prensas y hasta moldes para el prensado de la sustancia ilegal que comercializaba la organización.

En la larga lista de secuestros, además, se contabilizaban un Peugeot 307 y Ford Fiesta, además de un arma de fuego calibre 9 milímetros y una docena de municiones.