Cecilia Sandoval había sido imputada por el delito de instigación a cometer delitos, tras publicar en la red social Facebook, un mensaje en el que invitaba a otros ciudadanos a sumarse a una ocupación de tierras en el mes de febrero de 2020. Había logrado evitar el juicio oral en su contra y tras cumplir el compromiso de respetar pautas acordadas, resultó sobreseída.

Los meses previos a la declaración de la emergencia sanitaria por el COVID-19 en Bariloche habían resultado de alta intensidad en lo que refiere a ocupaciones de diversos predios en distintos sectores de la ciudad, por parte de vecinos que argumentaban tener una alta necesidad de acceso a la tierra. Así fue que se produjeron varias tomas en sectores periféricos.

Todo ello trajo como consecuencia un incesante trabajo de parte de un equipo de fiscales que logró llevar ante los jueces, a un puñado de personas acusadas por distintos delitos.

Uno de esos casos fue el de Cecilia Sandoval, que fue acusada por instigar a cometer delitos. La mujer, publicó a través de su perfil de Facebook en un grupo público de Bariloche, que estaban buscando gente para desplegar una toma en un predio cercano a la rotonda que une la ruta de Circunvalación con la Juan Marcos Herman, hacia el sur de la ciudad. Su mensaje indicaba textualmente: “Buscamos gente que quiera un terreno en la toma de Diarco. Mañana nos juntamos a pelear por nuestra tierra propia, sumen”. El objetivo no se concretó porque personas que tenían a su nombre la asignación de los terrenos, fueron al lugar impidiendo la toma ilegal.

Para la Fiscalía, el hecho se convirtió en una instigación pública a cometer el delito de toma ilegal de terrenos -usurpación- en un baldío existente en esa zona de la ciudad. El artículo 209 del Código Penal sanciona al que cometa ese delito con penas de entre dos y seis años de prisión.

El hecho se verificó el día 4 de febrero de 2020 en horas de la noche, cuando la mujer publicó desde su perfil de la red social, en un grupo público denominado “Bariloche no te calles, sin censura no como en el otro, acá sí no te calles”.

El fiscal adjunto Gerardo Miranda había imputado formalmente a la mujer, requiriendo un plazo de investigación preparatoria de cuatro meses. Ese plazo se vio interrumpido por la emergencia sanitaria desatada a nivel mundial, aunque en esa misma ocasión el fiscal anticipó que trabajarían junto a la defensa para lograr una salida pacífica al caso.

De ese modo, unos seis meses después del hecho, la defensora oficial Blanca Alderete, el fiscal Miranda y la propia acusada, lograron arribar a un acuerdo para suspender la tramitación del caso, sujetando a la imputada a una serie de condiciones que deberá cumplir, bajo apercibimiento de reanudar la causa y llevarla a juicio oral y público.

Sandoval dio cumplimiento al total de cien horas de tareas no remuneradas en favor de la comunidad y además abonó una reparación económica de carácter simbólico, de mil pesos, que fue destinada a una institución de bien público. Durante el plazo que duró la suspensión del proceso, acató una serie de pautas de conducta de rigor,