El procurador general de Río Negro, Jorge Crespo, suscribió hoy con el titular del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires un convenio de cooperación a través del cual comenzará a utilizarse en el territorio provincial el Sistema de Identificación Biométrica (IBIO) que permitirá agilizar la identificación de personas imputadas o condenadas en causas penales. Además, mediante la cesión de diversas herramientas, podrá generarse un registro rionegrino de antecedentes penales.

Este novedoso sistema, desarrollado por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, posibilitará que la información de esa base de datos pueda recuperarse a través de parámetros nominales y biométricos permitiendo que, ante la vinculación de una persona a un delito, pueda certificarse si tiene antecedentes penales, no solo nominativamente, sino fundamentalmente a través de la vinculación de sus huellas digitales y fotografía de frente y perfil.

Tal relacionamiento se completará con la posterior validación por parte de un perito en rastros o en identificación humana.

La base de datos del IBIO tiene interacción continua con las de los Registros Nacionales de las Personas y de Reincidencia permitiendo por un lado corroborar identidad del sospechoso/imputado ante el RENAPER y, además, certificar aquellos antecedentes registrados en el RNR.

“Este convenio es el paso inicial para lograr, en un futuro, una red de bases de datos de alcance federal que permita intercambiar y procesar información. Así, a través de la cooperación y asistencia, se fortalecerá la eficaz persecución de delito, más aún en jurisdicciones vecinas que muchas veces deben trabajar en causas estrechamente vinculadas”.

Crespo valoró en este sentido la acción mancomunada de quienes integran el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina que volvió a reunirse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires luego del obligado parate impuesto por la pandemia.

“Esta organismo permite aunar esfuerzos para generar un política criminal interjurisdiccional a través del intercambio de experiencias, información o, como en este caso, desarrollos tecnológicos”, finalizó.