Defensa insiste en planteos para reclamar sobreseimiento de la comunidad Buenuleo 

Los defensores Fernando Kosovsky y Ezequiel Palavecino, impugnaron las decisiones que anteriormente tomaron el juez de Garantías Sergio Pichetto y el juez de revisión Marcos Burgos, e insistieron en la atipicidad del reproche fiscal y querellante que atribuye a integrantes de la comunidad Buenuleo el delito de usurpación. También insistieron en el vencimiento de plazos y reclamaron el sobreseimiento. El Tribunal de Impugnación resolverá la cuestión en los próximos veinte días.

Los letrados que representan a siete integrantes de la comunidad Lof Buenuleo vienen planteando el sobreseimiento por vencimiento de plazos y atipicidad en el delito reprochado contra sus asistidos pero, en cada una de las instancias, los magistrados que intervienen desestiman su petición. Así ocurrió con el juez de Garantías Pichetto y luego en revisión, con el juez Burgos. Ahora Kosovsky y Palavecino acudieron al Tribunal de Impugnación, que integrado por los jueces Miguel Cardella, Marcelo Álvarez y Guillermo Bustamante, deberá zanjar la discusión.
Cabe mencionar que el proceso en la actualidad mantiene las posiciones enfrentadas de la parte querellante, a través de Emilio Friedrich que es patrocinado por Jorge Pschunder y los defensores que representan a Ramiro Buenuleo, Rosa Buenuleo, Lucas Dinamarca, Sandra Ferman, Nahuel Maliqueo, Mauro Millan, Nicolás Quijada y Claudio Raile.
Ello porque la fiscalía ya manifestó su desinterés en continuar con el proceso en función de la atipicidad del delito, tras conocerse el dictamen del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que reconoció la posesión ancestral de las tierras por parte de la comunidad. La atipicidad se refiere a que no se puede reprochar a alguien la usurpación de una tierra que ya ocupaba.
No obstante la posición del Ministerio Público, los jueces Burgos y Pichetto consideraron que no se vencieron los plazos establecidos en el Código Procesal Penal para continuar con la causa y, por el otro, que en la acusación que pesa sobre los involucrados, están reunidos los elementos típicos objetivos y subjetivos del tipo penal que les reprochan, por lo que debía continuar la investigación.
La causa inició en septiembre de 2019 cuando varios miembros de la comunidad se introdujeron en un lote de 92 hectáreas que manifestaron ocupar ancestralmente; aunque, en la actualidad, está ocupado por Emilio Friedrich y otros privados que incluso construyeron algunas viviendas y dependencias.
En paralelo, la causa también transitó los laberintos de la Justicia Federal y el último movimiento importante del caso se dio con un dictamen del fiscal general ante las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y en lo Contencioso Administrativo, Ricardo Rubén Peyrano, quien aseveró que “existe una ocupación actual, tradicional y pública en base a la caracterización propuesta por el INAI”.
Las conclusiones del fiscal contrarían las pretensiones de Emilio Friedrich, quien impulsa en la Justicia diversas acciones tendientes a lograr el reconocimiento al proceso de compra que realizó sobre las tierras en disputa.
Peyrano, al contestar la vista que le corrió la Cámara de Apelaciones, da cuenta del vínculo histórico entre la comunidad y el territorio, como así también de la relación material y simbólica con los habitantes del lugar. En su dictamen, consideró “insuficientes” los argumentos de Friedrich al sostener que había adquirido una parte de los terrenos en disputa, por medio de una cesión de un boleto de compraventa que le hiciera Claudio Thieck.