Se han cumplido 30 años desde que fue sancionada la Ley 2.440 de Promoción Sanitaria y Social de las Personas que Padecen Sufrimiento Mental.

El Cordillerano dialogó con el licenciado en terapia ocupacional Juan Manuel Zorzoli, quien desempeña sus actividades en el equipo de coordinación del dispositivo habitacional Ruca Hue y en Camino Abierto Centro Cultural Comunitario, del Hospital Zonal Bariloche.

 “Para los que adherimos al sistema de salud mental comunitaria que tiene la provincia y que fue modelo para la Ley Nacional 26.657 es un motivo de alegría que haya pasado todo este tiempo” comenzó diciendo.

“La aplicación de un modelo de trabajo respecto del padecimiento y el sufrimiento mental de las personas que trata de garantizar derechos, ciudadanía y participación social nos pone muy contentos”, valoró.

Aclaró, "es reducido en término de las 24 provincias del país porque se aplica en Río Negro, algo similar en Salta, Córdoba y en Santa Fe, además de la ley nacional que se aprobó en 2010 que retomaba el espíritu de la nuestra que fue pionera no solo en Argentina sino también en Latinoamérica”.

Como toda ley tiene sus pro y sus contras, “una cosa es el texto y otra lo que se hizo al respecto, acá es donde se empiezan a centrar los puntos de debate”.

Desmanicomialización

La ley sentó bases importantes de qué se hace y qué no, “por ejemplo en Río Negro no está permitido desde hace 30 años que existan instituciones monovalentes, el llamado neuropsiquiátrico o psiquiátrico”. Lugares en los cuales una persona por un episodio de desorganización o descompensación termina alojada de por vida, donde se asumía que no tenía ninguna funcionalidad o posibilidad de desempeño. “De hacer algo distinto con lo que le estaba pasando; el último hospital de este tipo estuvo en Allen que luego se transformó en uno de salud general”.

El licenciado aclaró que el término desmanicomialización es rionegrino puesto que no existe a nivel mundial, “es una palabra nueva para decir no a los manicomios". Lo que tratan de trabajar como perspectiva es que cualquier persona inserta en una sociedad sin importar cargos o posición social ni rol, tiene derechos y que deben ser garantizados tanto en la salud, en participación social, cultura, deporte. En todas las formas de vivir en comunidad.

Se pensaba que una persona que tiene un padecimiento mental tiene que estar encerrada porque puede causar daño. Una vez aprobada la ley hubo que diseñar programas de salud mental comunitaria para implementarla. “En Bariloche tenemos un hospital de complejidad seis, una sala de internación en sala común general, un equipo de consultorios externos que funciona en el radio del Ramón Carrillo y equipos profesionales en cada uno de los centros de salud” detalló.

Además en nuestra ciudad hay tres dispositivos ambulatorios “son los que en la ley llamamos estructuras intermedias, en los cuales los usuarios que tienen independencia y autonomía, que pueden moverse en colectivos, realizar compras o manejar dinero, necesitan un apoyo por parte del Estado para tener actividades en las cuales desarrollarse”. Compartir talleres, encontrarse con sus pares y evitar un poco el estigma social para lograr así una reducción de daños.

Consultado Zorzoli acerca de si son suficientes los equipos de trabajo en salud mental dijo “nunca va a ser suficiente, si uno ve las discusiones paritarias de los últimos años en la provincia, se está pagando mal”. Otro punto importante a tener en cuenta es que son solo 47 personas en Bariloche en el servicio de salud mental, “operadores y otras disciplinas como terapia ocupacional, psicología social que para una ciudad que creció al ritmo de siete o diez por ciento por año sobre todo a partir del 2001, es poco”.

Aclaró, “salud pública no debería ser el único que atienda estas situaciones sino también las instituciones privadas y las no gubernamentales deberían sumarse a esta complejidad”.

La construcción socioeconómica de la ciudad está dividida “entre quienes tienen trabajo con obra social o los que pueden pagar de manera privada y los que no, que se atienden en el hospital”.

Afirmó, “la población que se atiende en el Ramón Carrillo está cubierta, se atiende la demanda y se da muy buena respuesta”. El gran conflicto es otro “las instituciones privadas y los organismos no gubernamentales terminan requiriendo de la salud pública en las situaciones que no pueden resolver”.

"Una persona que tiene su cobertura médica privada y un médico tratante va a terminar en el hospital porque no tiene una instancia intermedia en la cual resolver esa circunstancia”. Aclaró que esto no está mal, “el inconveniente es que entonces los recursos no alcanzan”.

Sala común

Uno de los puntos a resaltar de la Ley 2.440 es que un paciente de salud mental de requerir internación, debe estar en una sala común “esto es para garantizar los mismos derechos en la atención de la salud que el resto de la población”.

Esto también choca en muchas situaciones con la estigmatización “la idea de que aislemos al loco, al negrito o al distinto porque nos genera un problema como sociedad, pero el modelo de salud mental comunitaria es que todos somos parte de la sociedad y no tendrían que existir esas diferenciaciones”.

“Cuando empezamos a pensar que hay que hacer divisiones es donde comenzamos a repetir la historia de la sociedad antigua que tiraba a los locos o deficientes por un acantilado, por eso hay que tener mucho cuidado sobre cuáles son los debates de fondo”, aclaró.

Afirmó “en Bariloche hay quienes querrían que haya un hospital psiquiátrico o una sala de internación alejada del resto de los pacientes pero no se adecúan a la ley provincial”.

Se está llevando adelante una serie de conversatorios en los cuales se abren debates muy interesantes, como por ejemplo ver cuáles son los desafíos frente a los próximos treinta años.

Hay que hacer una capacitación profunda referida a la salud mental comunitaria, “hay que difundirla en la comunidad para que se entienda desde dónde se trabaja a nivel provincial, que el vecino pueda entender que son parte de la salud y que todos pueden colaborar sin prejuicios ni problemas”.

Continuar trabajando de manera articulada con jornadas hospitalarias, con las escuelas, los clubes, con la política, “ese es el desafío de lo que le falta a la ley, darse a conocer y sumar más actores”.